Desde Duitama (Boyacá), en el evento con los representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) del país, el mandatario de los colombianos, Gustavo Francisco Petro, anunció el jueves 26 de enero que su gobierno asumirá temporalmente la regulación de los servicios públicos.
“El Presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración, de control y de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz”, afirmó el jefe de Estado.
Petro aseguró que tomaba esta decisión en función de los usuarios: “Este (funcionario) ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control (...) directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario”.
Igualmente explicó que esta decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, que le permite al presidente: “Señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.
Entre tanto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, aseguró que: “La regulación de los servicios públicos domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores, es tan solo una forma de intervención estatal para corregir los errores de un mercado imperfecto”.
El objetivo de esta medida, añadió en Twitter, es: “Preservar la sana y transparente competencia, a fin de lograr una mejor prestación”.
En el mismo evento también anunció que en los próximos días presentará a consideración del Legislativo las reformas a los sistemas de pensiones, de salud y laboral que prometió durante la campaña electoral.
“Lo que hoy arranca, en la fase de este Gobierno, es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar los derechos de los colombianos y las colombianas, derechos que están en la Constitución en materia de pensiones, salud, laboral y servicios públicos”, dijo en un acto en Duitama, en el departamento de Boyacá.
El anuncio de Petro sobre la reforma sanitaria, que elimina la intermediación de las actuales Empresas Prestadoras de Salud (EPS), ha tenido una férrea oposición de sectores políticos y económicos que la consideran un retroceso en la calidad de la atención de los pacientes.
Al respecto, el mandatario dijo que el propósito es migrar a un sistema preventivo en el cual “la gente evite la enfermedad hasta donde sea posible y llegar con médicos a la casa de las personas que viven en lugares alejados o de difícil acceso, y atender a la mujer embarazada o el campesino, que no tiene recursos”.
Petro, quien se ha mostrado partidario de una mayor intervención del Estado en los servicios que reciben los ciudadanos, afirmó que “este modelo preventivo de salud existe en la mayor parte del mundo, desde Costa Rica a Europa, donde no se creyeron el cuento de que la salud es un negocio”.
En cuanto a la reforma de las pensiones, Petro explicó que el sistema actual “es un negocio donde lo que la persona ahorra durante años no le alcanza para tener una pensión” y añadió que el objetivo es “que una parte importante de las cotizaciones de la ciudadanía se ahorren en el fondo público”.
El presidente agregó que los cambios permitirán al Estado “pagarle un bono pensional digno (...) de 500.000 pesos mensuales (unos 110 dólares)” a cada uno de los cerca de tres millones de adultos mayores que requieren de pensión.
Además, señaló que se trata de llegar a la cobertura total en el sistema pensional y garantizar que cuando una persona envejezca tenga acceso a la jubilación.
El Gobierno de Petro, que en sus primeros meses logró que el Congreso aprobara una reforma tributaria que apunta a fortalecer las finanzas públicas reduciendo el déficit fiscal imponiendo una mayor carga impositiva a los grandes capitales, también tiene pendiente la presentación de los proyectos de reforma laboral y de servicios públicos.
(Con información de EFE)
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