El 24 de enero comenzó la audiencia en contra de Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en contratación en las que incurrió cuando fungió como gobernador de Antioquia, entre 2012 y 2015. Sin embargo, como el mismo político lo informó, la Corte Suprema decidió suspender la audiencia debido a que la Fiscalía General de la Nación se habrá negado a hacer públicas las hojas de vida de los peritos que están a cargo de la investigación; y la reagendó para el jueves 26 de enero.
La situación se registró debido a que la defensa de Fajardo, encabezada por el abogado Mauricio Pava, alegó que era irregular que el ente acusador no hiciera públicas las hojas de vida de los peritos que son los encargados de culpar o absolver al exalcalde de Medellín.
En ese momento, la Fiscalía se negó, pero intervino la Procuraduría, que exigió a la Fiscalía entregar la información, luego la Corte Suprema de Justicia se pronunció en la misma línea de la defensa de Fajardo, pero al encontrar que el ente investigador se mantenía en la negativa, decidió dar fin a la audiencia y reprogramarla.
De acuerdo con la información, las acusaciones contra el excandidato presidencial por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se conocieron en el marco de un acuerdo que logró el 5 de diciembre de 2013, por 98 millones de dólares con el Banco Corpbanca Colombia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-.
Las acusaciones están sustentadas en que la deuda creció de una forma significativa, pues en principio era de menos de 100 millones de dólares y resultó triplicándose por la subida del dólar, lo que produjo una perdida para Antioquia de 320 mil millones de pesos.
Una de las razones que lo pusieron en la lupa es que lo acusan de haber firmado un acuerdo para pagar en dólares de forma injustificada y no haber tenido en cuenta la volatilidad de la divisa norteamericana.
El político de centro ha señalado, frente a las acusaciones y la investigación que se han desarrollado desde el 2016, que tiene las pruebas suficientes para comprobar su inocencia y mostrar que la firma del acuerdo se registró bajo los parámetros necesarios.
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