Se conocieron nuevos detalles sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los dineros destinados a los cementerios distritales de Bogotá, que se revelaron a través de denuncias enviadas a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) sobre la operación y mantenimiento de estos lugares en la capital.
Uno de los primeros signos de los incumplimientos se trató de las bolsas llenas de escombros que se encontraron en el interior de las bóvedas del cementerio del Norte de Bogotá. Que llamó la atención sobre el manejo y la administración del millonario contrato que el Distrito firmó por más de 40 millones de pesos.
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Otra alerta se dio cuando la empresa Vanti llegó a uno de los hornos crematorios y cortaron el gas por falta de pago. Asimismo, sucedió con Codensa, que frenó temporalmente el suministro de luz en el cementerio Serafín y del Norte. De esta manera, con las exhumaciones de cadáveres y la acumulación de basuras empezaron a poner en riesgo la prestación del servicio y la salud de empleados y dolientes.
En documentos enviados a la Uaesp y al contratista sobre estas presuntas irregularidades, se registró con fecha de septiembre de 2022, una evidente desviación de recursos. Sin embargo, solo fue hasta octubre de ese mismo año que las concejalas Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, y María Victoria Vargas, liberal, quienes revelaron irregularidades y exigieron la intervención de los organismos de control.
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En ese momento la Uaesp informó través de un comunicado la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades que estaría cometiendo el consorcio encargado de administrar los cementerios distritales con la ejecución.
“El pasado 8 de noviembre la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, recibió una denuncia que advertía sobre presuntos hechos irregulares en el proceso de adjudicación de los contratos de concesión e interventoría de servicios funerarios en los Cementerios Distritales”, declaró la misiva.
Pues se encontraron en los corredores de los cuatro cementerios distritales que se empezaron a dar tarjetas a las familiares de los muertos en las que se les pedía que debían pagar en efectivo o consignaran el valor de los servicios fúnebres en cuatro cuentas particulares.
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Cifra probada en el informe de la interventoría estaría cerca de los 10.189 millones de pesos de recaudo que se hicieron en 16 meses, solo 1.552 millones estaban en la fiducia.
Para inicios de eneros de 2023, tras una visita fiscal realizada a la Uaesp, la Contraloría de Bogotá configuró diez hallazgos sobre el contrato de concesión 415 de 2021 para la operación y mantenimiento de los cementerios distritales de la capital por más de $41 mil millones.
Los hallazgos (seis administrativos, tres disciplinarios y uno con presunto alcance pena) están relacionados con las entregas de los informes y fallas de la supervisión, así como con la planeación y el desarrollo mismo del contrato 415.
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A partir de estos diez hallazgos, el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, determinó la apertura inmediata de una Indagación Preliminar (IP) al contrato de concesión 415 de 2021 del año antepasado.
Ahora bien, una de las primeras cosas que resaltó el informe, que socializó el miércoles 4 de enero la Contraloría, fue que se evidenció el incumplimiento reiterado (por 17 meses) por parte del concesionario, Jardines de Luz y Paz SAS, en ejecución del contrato 415 de 2021.
Con todo lo anterior, el pasado 15 de enero, pocas horas después de que, desde el Concejo de Bogotá, se solicitará la renuncia de la directora de la Uaesp, por denuncias de corrupción en los cementerios de la ciudad, Luz Amanda Camacho Sánchez le presentó a la alcaldesa Mayor, Claudia López.
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Finalmente, el pasado 17 de enero frente a los presuntos actos de corrupción en la Uaesp de Bogotá, donde el empresario Sergio Venegas aseguró que pagó sobornos para administrar uno de los cementerios públicos de la capital colombiana y que, supuestamente se usaron hornos crematorios para desaparecer a manifestantes del paro nacional.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado en el que asegura que el Distrito denunciará penalmente a los responsables de los comentarios sobre las supuestas desapariciones de manifestantes bajo el marco de las protestas del Paro nacional en los hornos crematorios de los cementerios públicos.
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