
La autorización del Senado de la República para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir de Colombia durante el año posterior al fin de su mandato abrió una discusión que terminó con un apoyo inesperado: el del expresidente Álvaro Uribe, que sostuvo que no existe base judicial para restringirle la movilidad y que impedirle viajar habría vulnerado un derecho fundamental.
El permiso fue aprobado el 12 de agosto de 2026 con 73 votos a favor y 11 en contra, bajo la condición de que informe con precisión las fechas y destinos de cada salida.
La exigencia incorporada fue el punto que destrabó la votación. La ley obliga al exmandatario a pedir aval legislativo durante ese período de arraigo constitucional, y establece que si abandona el país sin ese permiso se configuraría “abandono del cargo”.
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El expresidente se dirigió a sus seguidores para aclarar las razones por las cuales su partido votó a favor de concederle el permiso para salir de Colombia a su contradictor político, al argumentar el respeto por la institucionalidad y los derechos fundamentales - crédito @alvarouribevel/X
Petro había solicitado la autorización en una carta enviada el 10 de agosto. En ese texto argumentó que necesitaba atender asuntos personales, sociales, políticos y académicos, aunque sin detallar destinos ni motivos concretos.
Tras la aprobación, el exmandatario buscó corregir una de las críticas centrales sobre su pedido. Aclaró que no había solicitado ausentarse un año completo, sino contar con la autorización necesaria para poder viajar dentro de ese lapso.
Uribe intervino en medio de los cuestionamientos de sectores detractores y fijó una posición que luego Petro celebró públicamente. El líder natural del Centro Democrático afirmó: “No hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro”. Explicó que la preocupación era que la solicitud se entendiera como un “permiso abierto a un año”, por lo que se pidió que el expresidente informara en detalle cada salida, condición que “el Pacto Histórico lo aceptó y así se aprobó”.
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El expresidente añadió que, sin esa fórmula, negar la autorización habría tenido consecuencias jurídicas. “De no haber aprobado ese permiso, que tuvo la proposición aditiva sugerida por el Centro Democrático, sin ninguna limitación judicial, se estaría atropellando el derecho fundamental a la libre movilidad del expresidente Petro, y eso sería tutelable”.

Petro retomó ese argumento y lo convirtió en un mensaje político. “Aquí Uribe tiene toda la razón. El principio fundamental de Colombia es la libertad. Nadie puede ni ser secuestrado en su libertad ni extorsionado, y menos por el Estado si no hay una razón judicial”.
El exmandatario también respondió a versiones sobre eventuales obstáculos personales o legales. Sostuvo que no tiene problemas de salud y aseguró que no enfrenta procesos judiciales abiertos. Enfatizó en que no existe orden alguna que limite su movilidad. “Y no existe ninguna razón judicial que me pueda impedir ir a donde quiera. No hay orden judicial en contrario”.
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Petro, en la carta que envió para poder hacer formalmente la solicitud, aludió a su situación frente a una sanción administrativa impuesta por Estados Unidos. Según explicó, esa medida solo aplica a ciudadanos de ese país y no tiene efectos sobre su situación financiera en Colombia. Además, cuestionó la posibilidad de que se intenten restricciones bancarias locales y dijo que un fallo de la Corte Constitucional respalda su posición sobre ese punto.

Uribe no se limitó a defender el criterio general sobre el caso de Petro. Relacionó el tema con un antecedente personal, al recordar que una jueza de la República lo privó de la libertad en una condena de primera instancia con el argumento de que podía fugarse o salir del país. Cada vez que debía atender un compromiso académico informaba a la jueza su destino y su regreso. “Voy a tal parte, señora juez, y regreso”, recordó.
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El exmandatario agregó que su libertad fue restablecida porque la sentencia no estaba ejecutoriada. Cerró su intervención con un llamado a bajar el tono de la confrontación en redes sociales y advirtió que “simplemente con acusaciones viscerales, lo que vamos es a producir más violencia en Colombia”.
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