La contundente respuesta de Francisco Barbosa a Gustavo Petro por el caso de las órdenes de captura

Luego del anuncio del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de no convocar a una mesa de trabajo para adelantar investigaciones conjuntas con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con las que pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad, que había planteado el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro reprochó con vehemencia esta decisión:

“No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Pues justamente el mismo día de hecha esa publicación en la red social, Francisco Barbosa le respondió a Petro, pero haciendo referencia a otro tema que ha causado polémica en la opinión pública nacional: la política de la Paz Total.

“Aquí los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que cumplan ningún tipo de requisito y evitar así la extradición a Estados Unidos, pasando por encima de la ley”, dijo el fiscal en una entrevista que concedió para la revista Semana.

Con estas declaraciones, habría hecho referencia a la polémica que se generó en los últimos días con la negativa del ente acusador de suspender las órdenes de captura en contra de algunos miembros de grupos armados.

Ante el medio de comunicación, Barbosa aseguró que siempre ha estado dispuesto a una colaboración con las otras ramas del poder público. “He repetido en múltiples oportunidades que hay colaboración armónica y sigo estando abierto para poder ayudar en lo que se pueda, en el marco de mis competencias, pero aquí hay separación de poderes”, dijo.

Pero, le advirtió al presidente Petro que: “el fiscal siente amenazada la independencia de la justicia en Colombia. Esas intromisiones generan una perturbación en el ejercicio de mis funciones”.

“La Constitución tiene unos límites y el fiscal actúa con base en sus competencias, hemos dicho que no firmamos el levantamiento de esas órdenes de captura con fines de extradición y no lo haremos”, dijo además.

El miércoles 18 de enero, desde el ente acusador publicaron un comunicado en el que anunciaron que no se iba a convocar a la mesa de trabajo que se organizó para adelantar investigaciones conjuntas con la SAE y de esta manera establecer las posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad, así como iniciar los correspondientes procesos judiciales a los responsables.

A cambio, indicaron que citarían al encargado de la entidad, y a sus subalternos para que brinden su versión acerca de los posibles malos manejos de los mencionados bienes.

“En su remplazo, en los próximos días se citará a declarar al presidente de la SAE, Daniel Rojas; el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, y a los demás altos funcionarios, para que, bajo gravedad de juramento, entreguen información frente a los hechos denunciados por el señor Rojas, con relación a presuntos hechos de corrupción al interior de la SAE, tal y como lo afirmó en la rueda de prensa del 13 de octubre del año pasado”, indicaron en la misiva.

Aunque aclararon en la Fiscalía que, dentro de sus competencias, seguirán llevando a cabo las correspondientes indagaciones por los hechos que se denuncian en la entidad.

La decisión de la Fiscalía se da luego de que, el 17 de enero, el presidente de la SAE respondiera, con una carta, al la invitación del fiscal Francisco Barbosa a ponerle “la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar likes. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo, pero cuando cita la Fiscalía no van”.

En la carta, Rojas le pidió a Barbosa encontrarse el búnker de la Fiscalía para presentar las evidencias que tiene sobre las presuntas irregularidades que se presentaron en la entidad durante el gobierno de Iván Duque.

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