Por denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación, la Contraloría General de la República asumió labores de control fiscal y vigilancia sobre Telemedellín, el canal local público de la ciudad.
La entidad vigilará los acuerdos administrativos de 2019, 2020, 2021 y 2022. En el primer año, estuvo al frente de la administración de la capital de Antioquia el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, en el resto del tiempo, Daniel Quintero.
En un documento de cuatro páginas, la entidad ordena “decretar la intervención funcional excepcional” para inspeccionar el medio a profundidad. Los motivos son los “sendos artículos de prensa” que muestran “potenciales problemáticos en los procesos de contratación de Telemedellín”.
Una comisión especial de la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se trasladó a Medellín con el propósito de darle inicio al proceso. La entidad aclaró que Telemedellín opera con un régimen mixto de contratación, por lo que aplican “las normas de derecho privado para el desarrollo de su actividad comercial y su componente de inversión”.
“La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) viene revisando la contratación realizada por Telemedellín (...) y, además, se ha procedido a constituir equipo auditor, el cual ya fue oficialmente asignado. Esperamos tener resultados concretos en el mes de mayo de 2023″, le dijo una fuente del ente de control al diario El Colombiano.
Se han adelantado, al menos en tres vigencias, más de 3.500 procesos de contratación a través de acuerdos conocidos como “contratación con una sola propuesta”, lo cual será materia de análisis por parte de la Contraloría.
Uno de los contratos más polémicos de Telemedellín fue el de la publicidad en medios recién creados y de muy poco alcance en las audiencias para hablar bien de la alcaldía de la ciudad, suscrito bajo la administración de Daniel Quintero. Eran unos 26 medios que escasamente tenían un año de haber sido creados y se dedicaban a replicar información de otros medios y de la Alcaldía. Estaban registrados en Bogotá, Tolima y Estados Unidos.
También se encontraron procesos contractuales con la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU), que estaba registrada en la misma dirección donde funciona la sede del partido político Movimiento Independientes, al que pertenece Quintero
Este proceso de vigilancia fiscal sobre el medio de comunicación inicia por solicitud del representante a la Cámara Daniel Carvalho, que advirtió que Telemedellín estaría sirviendo para, según él, desviar recursos públicos con el propósito de hacer campañas políticas durante los últimos tres años (el periodo de mandato de Daniel Quintero).
Adicionalmente, denunció un supuesto plan cibernético en contra de los medios de comunicación tradicionales. “Lo que hacen es trolearles en contenido. ¿Qué significa? Que les merman la circulación. Están cometiendo un delito y es violar la seguridad informática de los medios de comunicación”, señaló.
El diputado de la Asamblea de Antioquia Luis Peláez también denunció al burgomaestre por corrupción. Según él, el dinero de Telemedellín habría sido entregado a empresas, fundaciones y personas naturales, supuestamente para mejorar la imagen de Quintero en redes sociales.
“Lo están haciendo a través de Telemedellín y la Gerencia de Comunicaciones. Muchos de los contratos de cuatro, cinco y siete millones de pesos que sumados podrían llegar a 13 mil millones de pesos”, dijo el diputado.
La orden de la Contraloría fue emitida a través de la resolución 1426 del 27 de diciembre de 2022, la cual fue firmada por el propio contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.
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