Diputados radicales le pidieron información al Gobierno sobre la posible inversión china en la industria porcina local

El pedido de informes fue encabezado por Martín Berhongaray. “Hay intranquilidad porque faltan detalles sobre el impacto en la cadena, principalmente a los pequeños y medianos productores", dijo el legislador

La rentabilidad del sector porcino fue negativa, aunque destacan el aumento del consumo y de la exportación
La rentabilidad del sector porcino fue negativa, aunque destacan el aumento del consumo y de la exportación

La posibilidad de que China invierta en granjas para la cría de cerdos y producción de carne porcina en la Argentina para el consumo del gigante asiático, disparó una polémica que tuvo resonancia en la opinión pública y que incluso impulsó una campaña en rechazo al potencial proyecto por parte de periodistas, escritores, científicos, artistas y organizaciones argumentando los posibles riesgos ambientales, sanitarios y de bienestar animal que conllevaría.

China es el principal productor de cerdos del mundo, como así también, el principal consumidor. Hacia 2018 se estimaba un plantel de cerdos cercano a las 500 millones de cabezas y un consumo anual de 55 millones de toneladas. Sin embargo, a finales de 2018 estalló en sus granjas una epidemia de Gripe Porcina Africana, una enfermedad mortal para el animal, muy contagiosa y sin cura. Este brote hizo que la cantidad de cerdos en ese país descendiera entre un 30% y un 40%, ya sea por la mortandad ocasionada por el virus, como por los sacrificios para frenar su propagación.

A partir de esto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que el faltante de carne de cerdo ocasionada por esta enfermedad es de 18 millones de toneladas, con una producción local de cerdo actualmente calculada en 36 millones de toneladas. Este marcado déficit hizo que el gobierno chino instara al sector a invertir en otros países para producir carne de cerdo y así poder abastecerse. Ahí entra la Argentina.

Entre las consultas que realizan los diputados al gobierno, surgen las estrategias de políticas públicas que se evalúan para proteger la producción nacional porcina, particularmente a los pequeños y medianos productores
Entre las consultas que realizan los diputados al gobierno, surgen las estrategias de políticas públicas que se evalúan para proteger la producción nacional porcina, particularmente a los pequeños y medianos productores

Biogénesis Bagó, una empresa de sanidad animal con negocios en China, fue uno de los primeros que habló sobre una posible fuerte inversión desde ese país. Así, a principios de año se mencionó el supuesto interés del país asiático en desembolsar 27.000 millones de dólares en los próximos 4 a 8 años en Argentina para la producción de cerdos. Estimaron que eso generaría 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones, compradas por ese país, y pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años. Estas cifras son descartadas por especialistas en el sector y de concretarse las inversiones serían bastante menores, pero de todas maneras contundentes.

En medio de todo este panorama, un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical, encabezados por Martín Berhongaray, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, ya que consideran que “hay intranquilidad en el sector porque falta información para evaluar el impacto que provocará a la totalidad de la cadena productiva local, principalmente a los pequeños y medianos productores, así como por aspectos vinculados al elevado consumo de agua y de energía que se requerirá, a los riesgos sanitarios que se asumen y al tratamiento que se brindará a los efluentes, entre otras cuestiones”, detalló Berhongaray.

Además de Berhongaray, firmaron el proyecto los diputados Mario Negri, Gustavo Menna, Diego Mestre, Luis Pastori, Mario Arce, Lidia Ascárate, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Alvaro de Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Federico Zamarbide.

Los legisladores en los fundamentos del proyecto, manifestaron: “Si bien la iniciativa cuenta con el aval del sector público, el trabajo conjunto involucró a algunos eslabones de la cadena de valor, puntualmente la Asociación Argentina de Productores de Porcinos y el laboratorio Biogénesis Bagó. No obstante, resulta llamativo que no hayan sido consultadas ninguna de las instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcina, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, por citar sólo algunas”.

Más pedido de información

Entre las consultas que realizan los diputados al gobierno sobre este tema, surgen las estrategias de políticas públicas que se evalúan para proteger la producción nacional, particularmente a los pequeños y medianos productores. Además, los reaseguros que se proyectan en caso de que el producto no fluya en su totalidad a China y se vuelque en parte al mercado interno deprimiendo los precios locales.

Por otro lado, se solicita información sobre qué sectores privados acercaron el posible negocio con China, y por qué no fueron consultadas instituciones con trayectoria e injerencia relevante en la temática tales como el INTA, las Universidades, los grupos de pequeños productores porcinos, el Centro de Información de Actividades Porcinas, Colegios de Ingenieros Agrónomos y/o de Veterinarios, entre otros.

También se consulta al gobierno sobre las provincias donde se instalarán las granjas que albergarían hasta 12.000 madres reproductoras, y cuál sería la fuente de aprovisionamiento del agua requerida para tamaña futura producción, “teniendo en cuenta que se calcula la demanda en 300 litros diarios por madre reproductora alojada (ella más sus progenies)”, sostiene el pedido de informes.

Los diputados, por otro lado, solicitaron información sobre los estudios que hay en materia de la cantidad de energía no renovable (fósil) que resultaría necesaria para abastecer las distintas Cámaras de frío que se construyan, y cuál sería la fuente que aseguraría semejante capacidad de frío.

Por último, el proyecto plantea “si hay razones que justifiquen los potenciales beneficios económicos en función del riesgo sanitario que asume nuestro país, y si hay estudios y prospecciones en orden a preservar el alto valor asignable al estatus sanitario que posee el sector y que obliga a extremar los cuidados en la bioseguridad. A todo esto, se busca saber dónde y cómo serían tratados los efluentes, teniendo en consideración que constituye una de las producciones más contaminantes del planeta”.

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