El campo, tras la marcha contra el Gobierno: “Al banderazo se lo puede cuestionar, pero no ignorar”

El interior del país también se movilizó y adhirió al “banderazo” de ayer, como ya había sucedido en las dos anteriores convocatorias. Si bien las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace dieron libertad de acción a sus asociados, los sectores de productores autoconvocados fueron los que más estuvieron presentes en la organización de la marcha, especialmente los integrantes del Movimiento “Campo+Ciudad”, que promovieron el cumplimiento de los diferentes protocolos de seguridad y prevención del coronavirus, y el distanciamiento social.

Entre las principales consignas de la movilización en los diferentes puntos del país, se encontraban el rechazo al proyecto del gobierno para reformar la Justicia, la defensa de la propiedad privada, y expresar la preocupación por el aumento de la inseguridad y del delito rural.

Tras la marcha de ayer, los productores de “Campo+Ciudad” emitieron un comunicado donde destacaron que la movilización “superó las expectativas” y agradecieron a todos los ciudadanos que participaron de la misma, en más de 200 localidades del interior del país, varias más de las 150 que tenían confirmadas desde dicho espacio en los momentos previos del banderazo. “Todos salieron a las rutas y a las calles a luchar por la República, la Justicia y la Libertad. Y no vuelvan a tener la desfachatez de tildarnos de anticuarentena”, manifestaron.

“No cabe duda alguna de que, además de republicanas, las marchas de 2020 son movimientos federales. El banderazo no es un relato, sino un hecho. Se lo puede cuestionar, pero no se lo puede ignorar. Sería de una necedad patológica, por parte del gobierno, mantener el curso como si nada hubiera ocurrido”, señalaron desde el movimiento de autoconvocados.

Y agregaron: “Si escucharon el mensaje de la ciudadanía, que lo demuestren con hechos. Estamos reclamando que abandonen el proyecto de reforma de la Justicia, que renuncien a las facultades extraordinarias y devuelvan sus funciones al Congreso, diseñen una estrategia sanitaria que respete los derechos y garantías constitucionales, y alivien la presión impositiva de los argentinos, especialmente la de quienes no pueden trabajar por la pandemia”.

Además, los productores autoconvocados pidieron al gobierno que se combata la inseguridad urbana y también rural. Hay que recordar que, según reflejó un informe elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas, en lo que va del año se rompieron 125 silobolsas, en un contexto de elevada inseguridad rural, que también incluye incendios intencionales, abigeato y robos que se repiten constantemente en el corazón productivo del país.

Según informaron los productores autoconvocados, hubo manifestaciones en diferentes distritos del país pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, y Tucumán.

Reforma judicial

Durante la movilización ciudadana realizada ayer por la tarde, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas también se pronunció sobre la reforma judicial que busca implementar el gobierno. “Reaseguramos los postulados de la Constitución Nacional, asegurándonos que la Magistratura esté a cargo de jueces que hayan llegado al cargo por su probidad y antecedentes, libres de presiones y amiguismos y dispuestos a trabajar por una justicia independiente del poder político”, expresaron en un comunicado.

Un grupo de entidades vinculadas a sector de la producción de la provincia de Córdoba, con “un fuerte compromiso con la producción, la generación de empleo y la participación activa en el desarrollo económico y social provincial y nacional, realizaron un pronunciamiento sobre el proyecto del gobierno para reformar la Justicia, con el objetivo de “defender las bases constitucionales de la Argentina que son los pilares de la República y el Federalismo”.

Uno de los primeros planteos realizados fue hacerse eco de gran parte de la población que sostiene si es conveniente presentar este tipo de iniciativas en medio de la emergencia sanitaria y con un contexto económico muy delicado del país. “Si bien hay una necesidad de realizar una revisión de la efectividad del Poder Judicial con el objetivo de brindar un mejor servicio, hay dudas si tal debate es propicio en un momento como el actual donde la urgencia de la pronta recuperación económica y el combate de la pobreza deberían ser absoluta prioridad”.

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