Autoridades venezolanas denunciaron este miércoles que las guerrillas disidentes de las FARC, que han venido enfrentando a las fuerzas chavistas en los últimos días, están colocando minas antipersonales en territorio de Venezuela.
José María Romero, alcalde del municipio Páez de Apure, frontera con Colombia, declaró que los disidentes armados “han tenido la osadía de colocar minas antipersonales que han segado la vida de militares de nuestra FANB” (Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Y agregó: “Entendemos que estas operaciones generan zozobra, incomodidades, incluso hasta excesos, los cuales nosotros estamos vigilantes, pero ante estas circunstancias el deber de todo venezolano, del color que sea, es mantenernos unidos alrededor de la soberanía nacional”.
Por el momento, los enfrentamientos han dejado dos militares muertos del lado venezolano.
La versión fue reafirmada por Héctor Orlando Zambrano, diputado chavista por el estado Apure, quien declaró: “Se está golpeando a un sector, a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población”. Su mensaje fue transmitido por la cuenta de Twitter del ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, al tanto de estas versiones.
El almacenamiento y uso de minas antipersonales está prohibido bajo la Convención de Ottawa, firmado por Venezuela en 1999. Hasta el momento, el país está declarado como libre de minas en su territorio. No es el caso de Colombia, que firmó el tratado, pero lleva un conflicto interno de décadas contra grupos armados.
Por los combates, que tienen lugar desde el domingo en el estado venezolano de Apure, limítrofe con el departamento colombiano de Arauca, “más de 3.100 personas han tenido que desplazarse de manera forzada para encontrar protección”, según alertó este miércoles la Cancillería colombiana.
La Defensoría del Pueblo de Colombia instaló una comisión humanitaria en Arauquita, ciudad lindante con la venezolana La Victoria al otro lado de la frontera, para asistir a los miles de personas que desde el lunes han llegado a esa zona y se encuentran en albergues temporales.
El Gobierno colombiano ha señalado en varias ocasiones que el régimen de Nicolás Maduro protege a cabecillas del ELN y a disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
La institución castrense explicó en un comunicado que “se sostuvieron enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos”, que se saldaron con la muerte de los militares y, además, “como resultado de estos encuentros fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias El Nando”.
Tras los combates, las autoridades venezolanas capturaron a otras 32 personas, si bien no se conocen sus identidades o nacionalidades, destruyeron seis campamentos en la zona y decomisaron una cantidad hasta ahora indeterminada de armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas.
Además, la ONG venezolana Fundaredes denunció que los enfrentamientos continúan en Apure, donde presuntos disidentes de las FARC afectaron la estructura eléctrica del sector La Victoria y atentaron con explosivos contra de instalaciones militares.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 febrero de 2019 por orden de Maduro, luego de un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.
(Con información de EFE)
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