Fuerzas del régimen de Nicolás Maduro detuvieron este martes a dos trabajadoras del medio regional Correo del Caroní. Según consignó el sindicato de trabajadores de prensa de Venezuela (SNTP), se trata de Susana Reyes, secretaria del director del medio David Natera, y la periodista María Ramírez.
Se trata del último episodio del avance del régimen contra el medio regional. La semana pasada fue detenido por unas horas el mismo Natera, mientras que el 31 de julio el objetivo había sido el reportero gráfico William Urdaneta.
Agentes del Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional (conocido por sus siglas, SEBIN) se llevaron a las dos trabajadoras luego de un allanamiento del periódico, que se extendió por más de seis horas. También incautaron “cuadernos administrativos y la computadora de Ramírez”.
Durante su transcurso, prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales. “Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento”, expresó.
El modus operandi fue similar al seguido en la detención de Natera. Tres unidades del SEBIN se presentaron a su casa con una orden de allanamiento sin especificar las causas. También prohibieron la entrada de su abogado, Eliézer Calzadilla.
Posteriormente, los agentes se llevaron al director del Correo del Caroní en sus vehículos para “rendir declaraciones”, un eufemismo utilizado por los miembros del Sebin para detener a periodistas o activistas políticos que, posteriormente, son puestos en libertad tras unas horas o quedan definitivamente presos. Natera fue liberado horas después.
Urdaneta, en tanto, fue arrestado durante varias horas en Puerto Ordaz mientras tomaba fotografías del tráfico y la actividad comercial en la avenida Guayana, en el marco de una cuarentena radical impuesta por el régimen para combatir la pandemia de COVID-19.
La detención también aumenta la cantidad de violaciones a la libertad de expresión documentadas en el país caribeño. En los nueve primeros meses del año, en Venezuela se produjeron, al menos, 796 violaciones de esta naturaleza.
La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.
La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.
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