La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió este martes al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos humanos -en particular a la vida, integridad y debido proceso- de Gilber Caro, diputado opositor secuestrado el pasado viernes junto al periodista Víctor Ugas.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que recibió denuncias sobre violaciones al debido proceso y derecho de defensa de Caro. En concreto, que “su inmunidad parlamentaria fue levantada de forma irregular y que el diputado no tuvo acceso a sus abogados durante su presentación ante los tribunales” chavistas.
Tanto Voluntad Popular -el partido al que pertenece Caro- como sus abogados habían realizado estas denuncias de manera pública.
La abogada del diputado, Theresly Malavé, explicó el pasado domingo -cuando fue llevado ante la justicia del régimen- que la situación de su defendido sigue siendo la de alguien bajo desaparición forzada. "No los vimos, no sabemos qué delitos les imputaron ni sabemos para dónde los trasladaron”, explicó Malavé.
Ante esta situación, la CIDH “ratificó el deber de Venezuela de cumplir las medidas cautelares otorgadas a favor de Caro” en mayo de este año, en el marco de la que fue su segunda detención irregular a manos del régimen, a finales de abril.
En ese entonces, las fuerzas chavistas se lo llevaron de su casa en la madrugada mientras se encontraba reunido con amigos. El 15 de mayo, el ente emitió la medida al concluir que si situación revestía un nivel de gravedad y urgencia suficiente como para concluir que sus derechos a la vida e integridad se enfrentaban a un riesgo de daño irreparable.
En consecuencia, solicitó al régimen que adoptara las medidas necesarias para progeter sus derechos, informara si Caro efectivamente estaba bajo custodia e indicara qué acciones se adoptaron para investigar los hechos que dieron lugar a su detención.
No obstante, el paradero del diputado se mantuvo bajo secreto hasta el 30 de mayo, cuando fue localizado en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Y dos días antes de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para elaborar un informe respecto de la situación sobre los derechos humanos en el país, fue liberado.
Caro efectivamente se reunió con Bachelet el 20 de junio y denunció ante ella las que en ese momento eran más de 700 detenciones arbitrarias por parte del chavismo.
Poco más de seis meses después, el diputado fue secuestrado nuevamente. Ante ello, la CIDH expresó: “El Estado de #Venezuela, en su posición de garante, tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas, en especial, de aquellas que están bajo su custodia”.
Sin embargo, todo indica que Caro seguirá bajo detención irregular hasta al menos enero de 2020. En el marco de la audiencia del domingo, Theresly Malavé informó desde fuera del tribunal que las cortes chavistas dejarán de estar activos hasta el 6 de enero del año que viene.
El partido también denunció que Caro y Ugas fueron “salvajemente” golpeados y que la intención del FAES, cuyos agentes llevaron a cabo el operativo en los alrededores de La Florida, en Caracas, "era sembrarles armas y/o explosivos”.
A su vez, consignaron que el hecho se enmarca en la intención más abarcativa de la dictadura de "intentar desmembrar el Parlamento y entorpecer la reelección del presidente Juan Guaidó el 5 de enero”, cuando tengan lugar las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional.
El plan, indicaron, fue bautizado como “Operación Alacrán” y consiste en "la compra de las conciencias” de algunos diputados. “Han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del Parlamento e impedir que los diputados perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, en evidente coordinación con el régimen usurpador”.
Según develaron, los diputados José Gregorio Noriega, Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez, así como los suplentes Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña han vendido su voto por lo que consideran que han traicionado “la causa de la libertad” de Venezuela y su pueblo.
La dictadura, por su parte, acusó a Caro de estar vinculado al asalto a una unidad militar venezolana.
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