
La dictadura de Nicolás Maduro mantendrá secuestrados al diputado opositor Gilber Caro y al periodista Víctor Ugas al menos hasta entrado el 2020. Theresly Malavé, abogada del diputado opositor a quien se le impidió el ingreso al recinto donde hoy fueron presentados ante la justicia chavista, anunció que los tribunales dejarán de estar activos hasta el 6 de enero del año que viene, por lo que ambos continuarán detenidos con paradero desconocido hasta entonces.
“Para nosotros sigue siendo una desaparición forzada porque no los vimos, no sabemos qué delitos les imputaron ni sabemos para dónde los trasladaron”, explicó Malavé. Caro y Ugas fueron abducidos por agentes del régimen de Maduro en la tarde del viernes. Según resaltó Voluntad Popular, partido al que pertenece Caro, a través de sus redes sociales, la detención representa una acción ilegal debido a que cuenta con inmunidad parlamentaria.
Luego de dos días sin que se conociera su paradero, ambos fueron llevados ante el tribunal 49 de control para una audiencia de presentación. Sin embargo, el bloque opositor denunció que las autoridades judiciales no les permitieron el ingreso a los abogados de los detenidos, “violando su derecho a la defensa”.
La abogada defensora de los derechos humanos y consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, denunció que el caso representa una violación al debido proceso y enumeró las causas que fundamentan su aseveración: “Fueron detenidos sin una orden judicial, desaparecidos forzosamente durante un lapso de 48 horas, y les fue negado el derecho a designar abogados durante la audiencia que presuntamente se llevó a cabo”.
“Sabemos extraoficialmente que la jueza Hilda Villanueva ordenó que se les asignara un defensor público, pero ellos se negaron. No nos dejan ingresar. Se está violando a Gilber y a Víctor el derecho de tener una defensa de su confianza”, agregó.
El partido también denunció que Caro y Ugas fueron “salvajemente” golpeados y que la intención del FAES, cuyos agentes llevaron a cabo el operativo en los alrededores de La Florida, en Caracas, "era sembrarles armas y/o explosivos”.
A su vez, consignaron que el hecho se enmarca en la intención más abarcativa de la dictadura de "intentar desmembrar el Parlamento y entorpecer la reelección del presidente Juan Guaidó el 5 de enero”, cuando tengan lugar las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional.
El plan, indicaron, fue bautizado como “Operación Alacrán” y consiste en "la compra de las conciencias” de algunos diputados. “Han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del Parlamento e impedir que los diputados perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, en evidente coordinación con el régimen usurpador”.
Según develaron, los diputados José Gregorio Noriega, Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez, así como los suplentes Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña han vendido su voto por lo que consideran que han traicionado “la causa de la libertad” de Venezuela y su pueblo.
Yeidi Caro, hermana del diputado, se manifestó este domingo y le envió un mensaje directo a la dictadura chavista: “Quiero dejarle claro al régimen de Nicolás Maduro que la familia de Gilber Caro no se va a rendir ante sus amenazas y atropellos. Estamos de pie, porque le somos leales a Leopoldo López, que fue un hombre que creyó en Gilber cuando nadie lo hizo”.
“Querían que Gilber se prestara para el juego macabro que cargan para hacer ver que Gilber se había vendido, porque la persecución de mi hermano viene de hace días. Funcionarios del Sebin han estado rondando en nuestra casa en todo momento. Mi hermano sabía lo que se le podía venir en cualquier momento. Hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar”, agregó.
La diputada Adriana Pichardo comentó: “Sacaron unas cajas con unos supuestos explosivos, lo que no lograron con la operación Alacrán ahora lo quieren lograr montando una olla (…) La comunidad internacional debe estar clara de esto, están atacando los curules que quedan vacíos dentro de la Asamblea Nacional”.
Esta es la tercera vez que el Palacio de Miraflores viola la inmunidad parlamentaria de Caro. Anteriormente lo había detenido entre enero de 2017 y junio de 2018. Luego de ser detenido en enero de 2017, Caro no fue presentado ante un tribunal hasta 4 meses y 20 días después de su detención, tiempo en que “se le prohibieron las visitas” y “estuvo sometido a aislamiento”, según Amnistía Internacional. Entonces, el diputado sobrevivió a una dura huelga de hambre pero salió muy desmejorado de la prisión en junio de 2018.
El 20 de junio pasado, Caro se había entrevistado con Michelle Bachelet, con motivo de la visita en Venezuela de la alta comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese momento, el opositor había denunciado las más de 700 detenciones arbitrarias por parte del chavismo.
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