Un tribunal de apelaciones de EEUU dictaminó el lunes que Crystallex puede apoderarse de acciones en el país norteamericano de la matriz de Citgo, que es parte de la petrolera estatal de Venezuela, para cubrir una indemnización de USD 1.400 millones por la nacionalización de depósitos de oro.

A menos que se revierta mediante una apelación o sea bloqueada por el gobierno de Donald Trump, la decisión permitiría a Crystallex subastar las acciones para obtener lo que le adeuda Venezuela. Eso significa que el país, actualmente en medio de su peor recesión, podría perder el control de la refinería, fuente de moneda dura que necesita con desesperación.

También complica los esfuerzos del presidente encargado, Juan Guaidó, para mantener el control de activos venezolanos mientras libra una lucha de poder con Nicolás Maduro. Guaidó pidió a Trump impedir que los acreedores se apoderen de activos del país.

"En este punto, lo único que podría evitar que Venezuela pierda Citgo es una apelación exitosa ante la Corte Suprema de EEUU, que parece poco probable, o que Trump decida emitir una orden de protección de activos como Guaidó ha estado solicitando", comentó Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, en una entrevista.

"La ONU también puede ayudar", agregó el legislador Rafael Guzmán, parte del comité financiero de la Asamblea Nacional opositora.

Guaidó y Maduro luchan por el control de Citgo. Cada uno de ellos nombró un directorio para su propietaria, Petróleos de Venezuela o PDVSA. Un juez de un tribunal de Delaware decidirá quién tiene el derecho legal de nombrar la junta directiva de la empresa.

Hugo Chávez en una planta de PDVSA
Hugo Chávez en una planta de PDVSA

"Durante demasiado tiempo Venezuela se negó a compensar a Crystallex por su expropiación ilegal de activos de Crystallex", afirmó Bob Fung, máximo ejecutivo de la minera, en un comunicado enviado por correo electrónico. Agregó que el fallo es un "paso crucial para lograr que Venezuela finalmente cumpla con sus obligaciones legales".

La Junta Administradora ad hoc de PDVSA, designada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Guaidó, emitió un comunicado a través del cual adelanta que tomará "todas las acciones necesarias para defender los activos de Venezuela en el exterior".

El texto señala que la Junta "tomará todas las medidas legales necesarias para impugnar" la decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito.

Las operaciones de extracción de oro de Crystallex cerca de Las Cristinas, Venezuela, fueron expropiadas sin indemnización en 2011 cuando el entonces presidente, Hugo Chávez, nacionalizó la industria aurífera del país. La compañía inició un proceso de arbitraje y logró una indemnización de US$1.200 millones más intereses en 2016.

El año pasado, funcionarios de Venezuela entregaron más de USD 425 millones como pago parcial, pero la compañía no pudo cerrar un acuerdo para recibir el resto de la deuda. Así que Crystallex siguió adelante con sus esfuerzos para obtener acciones de la empresa matriz de Citgo.

Crystallex libró una batalla de tres años para quedarse con acciones de PDV Holding, propietaria de Citgo. PDVSA es a su vez propietaria del holding. Un juez de Delaware concluyó el año pasado que como Venezuela controla PDVSA, las acciones de la matriz de Citgo podían ser usadas como garantía por la deuda.

Con información de Bloomberg

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