La historia del joven que recibió dos disparos y luego fue asfixiado con un pañal desechable por protestar contra Nicolás Maduro

Cuando Jhonny Godoy se estrenó en las redes sociales con un video en el que aparecía corriendo emocionado por una calle de su humilde barrio sosteniendo una bandera venezolana para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro, jamás pensó que esa sería su última grabación.

La mañana del 25 de enero, dos días después de publicar ese video y de acudir a una multitudinaria marcha opositora, este vendedor de miel de 29 años murió en un confuso incidente tras ser apresado en la populosa barriada de La Vega, al oeste de la capital de Venezuela, por supuestos miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional, quienes aparecieron en su casa con fusiles y los rostros cubiertos y sin mediar palabras se lo llevaron arrestado.

La última persona que lo vio con vida fue su madre, Ana Buitrago, quien tras un forcejeo con los funcionarios fue encerrada dentro de su casa mientras su hijo era sacado a empujones por unas empinadas y estrechas escalinatas. Minutos después, sólo escuchó dos disparos que acallaron su voz para siempre.

El joven recibió dos impactos de bala, uno en un pie y otro en el abdomen, y luego fue asfixiado con un pañal desechable que presuntamente los funcionarios le colocaron en la boca, según relató a la AP Marvelis Sinai, prima del joven.

Jhonny es una de las 43 personas que murió entre el 21 y 26 de enero en Caracas y otras nueve ciudades durante unas protestas, en su mayoría nocturnas, y operaciones que realizaron en barriadas pobres miembros de las FAES, grupo élite de la policía nacional que fue lanzado hace dos años tras protestas antigubernamentales.

El saldo de fallecidos y los más de 700 detenidos que se registraron en la penúltima semana de enero encendieron las alarmas de Amnistía Internacional y otras ONG locales que han advertido sobre el recrudecimiento de la represión en Venezuela y el envío de las FAES a barriadas pobres para generar temor y apaciguar el descontento que ha proliferado en esas zonas, antiguos bastiones del oficialismo, donde ha crecido el rechazo por la crisis que golpea al país.

Esta no es la primera vez que las FAES son vinculadas a acciones letales. A inicios de 2019, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentó un amplio reporte en el que denunció que el grupo, que es utilizado para labores de seguridad ciudadana, estaría presuntamente implicado en unas doscientas muertes, algunas de ellas asesinatos extrajudiciales, ocurridas en 2018.

Tras las acciones recientes de las fuerzas de seguridad, los alzamientos en los barrios cesaron pero se teme que ante la profundización de la crisis puedan reactivarse de nuevo.

Las agrupaciones humanitarias locales expresaron preocupación porque la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores pobres, con edades comprendidas entre 16 y 42 años. De igual forma, organizaciones locales como el Foro Penal también alertaron sobre el arresto temporal de varias decenas de menores de edad en las manifestaciones y algunos activistas han advertido que las recientes acciones contra los jóvenes podrían revelar un patrón de represión que buscaría contener al mismo grupo etario que encabezó las protestas antigubernamentales de 2017 y dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y detenidos.

A pesar de todo esto, algunas figuras del gobierno como el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, han negado las denuncias sobre estos asesinatos y ha defendido la actuación de los militares asegurando que han actuado respetando los preceptos constitucionales y los derechos humanos.

Por su parte, la Fiscalía General no ha ofrecido reportes sobre el total de fallecidos recientemente y el jefe de esa dependencia, Tarek William Saab, sólo informó en una entrevista con una televisora local que ocho miembros de la Guardia Nacional y el Ejército fueron detenidos por la muerte de cuatro personas en los estados de Bolívar y Yaracuy.

A casi un mes de la muerte de Jhonny Godoy, su familia sigue a la espera de que las autoridades den alguna explicación sobre su detención y asesinato, pero concatenan su muerte con el video que difundió en redes sociales.

Marvelis, la prima de este joven que trabaja como empleada de una fundación de un político opositor que distribuye alimentos gratis en los barrios, atribuyó el asesinato a una acción que buscaría generar miedo en los sectores populares para que no salgan a manifestarse. Sin embargo, ella no se desanima.

"Yo no tengo miedo. Voy a seguir saliendo a marchar porque lo aprendí de mi primo. Él murió por dejarnos una Venezuela libre", afirmó la venezolana de 26 años.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso, pero este fallecimiento alcanzó notoriedad luego de que el jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó, se reuniera con la madre de Jhonny para conocer lo sucedido y durante una conferencia de prensa responsabilizara a las FAES de la ejecución.

Al caso de Johnny se suma otro que también atrajo la mirada pública: durante la tercera semana de enero, el estudiante de secundaria Nick Samuel Oropeza Borja falleció tras sufrir una herida de bala que recibió durante una protesta que realizaban sus vecinos de la barriada pobre de Las Adjuntas, al oeste de Caracas.

Los humildes habitantes de esta comunidad aún recuerdan con claridad la noche del 23 de enero, cuando Nick Samuel, de 19 años, corría despavorido por una calle polvorienta y estrecha junto a otros jóvenes para huir de unos guardias nacionales que disparaban para dispersar a una muchedumbre que bloqueó la vía con basura. Minutos después, lo vieron desplomarse sobre el asfalto con su camiseta ensangrentada.

"Quiero que se investigue. Que se haga justicia por mi hijo y por las otras personas", afirmó con la voz entrecortada y los ojos aun hinchados por el llanto Ingrid Borjas, abogada de 38 años y madre de Nick Samuel, tras relatar la muerte del menor de sus dos hijos.

Según afirmó, su hijo -un ex misionero católico- murió por un disparo de arma de fuego que le destrozó un riñón y le perforó un pulmón. Agregó que el caso fue denunciado en la sede de la policía judicial, pero hasta ahora la familia no conoce sobre alguna investigación o detenido.

La agencia de noticias AP acudió al destacamento de la Guardia Nacional de las Adjuntas para obtener una reacción del hecho en el que estarían presuntamente implicados miembros de ese cuerpo, pero no ofrecieron declaraciones.

En una nueva ronda de sanciones, Washington penalizó este mes a cuatro oficiales venezolanos de inteligencia de alto rango, entre ellos el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) -como se llama a la policía política-, el director de las FAES y el director general de Contrainteligencia Militar.

De las 43 muertes que se registraron en la penúltima semana de enero, 35 ocurrieron durante protestas en barriadas pobres y otras ocho en ajusticiamientos cometidos en zonas populares por presuntos miembros de las FAES, de acuerdo a informaciones recabadas por PROVEA y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

El coordinador general de PROVEA, Rafael Uzcátegui, responsabilizó a la administración de Maduro por los actos de represión en los barrios pobres y planteó que se busca "infundir miedo" en la población porque el gobierno sabe que la "insatisfacción con el ejercicio de gobierno es mayoritario". Al comparar la represión de enero con la que se registró en las protestas de 2017, Uzcátegui afirmó que ha habido una escalada en la represión que se evidencia en la cifra de muertos y detenidos que hubo en menos de una semana.

Sobre el impacto que estarían generando las acciones de represión no hay evaluaciones recientes, pero un joven habitante de la barriada pobre de los Jardines del Valle, del oeste de Caracas, que se identificó con el seudónimo de Andartes, dijo a la AP que entre la población hay mucho miedo de reportar los actos de las fuerzas de seguridad porque "no tenemos un estado de derecho donde denunciar".

(Por Fabiola Sánchez – AP)

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