México responde a la presión de Trump y envía a 37 delincuentes a EE. UU.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado mostrar avances en el combate al narcotráfico en un esfuerzo por evitar las medidas con las que amenaza el presidente Trump.

El martes, México envió a 37 personas acusadas de ser operativos criminales a Estados Unidos, el intento aparente más reciente de aliviar la presión del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano haga más para combatir a los poderosos grupos que trafican con drogas a través de la frontera.

Fue el primer traslado de este tipo este año, en un momento en que las amenazas de Trump de emprender acciones militares contra México se han hecho más directas, pero la tercera vez que se lleva a cabo una medida así desde que asumió el cargo.

Las autoridades mexicanas han enviado ya a Estados Unidos a casi 100 personas acusadas de ser delincuentes clave.

Los traslados forman parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades mexicanas por apaciguar a Trump mientras el mandatario estadounidense amenaza con ataques unilaterales dentro del territorio mexicano, un acto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que sería una violación de la soberanía de su país.

En medio de esas amenazas, Sheinbaum ha lanzado una campaña agresiva contra los cárteles, ha reforzado la vigilancia policial en la frontera, se ha plegado a las exigencias económicas de Trump y ha enviado al norte a decenas de delincuentes acusados.

Muchos expertos en México han planteado dudas sobre los fundamentos jurídicos y la táctica política de los traslados, ya que se han realizado al margen del proceso normal de extradición. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dijo el martes que los traslados eran legales y que, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, no se aplicaría la pena de muerte. (La pena capital está prohibida en México).

"Representaban una amenaza real para la seguridad del país", publicó en internet.

García Harfuch añadió que los detenidos fueron enviados a varias ciudades estadounidenses en aviones militares mexicanos.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Durante un año, Trump ha amenazado con emprender medidas militares e imponer aranceles para tratar de obligar a las autoridades mexicanas a tomar más medidas contra los cárteles y la migración indocumentada. Tras el operativo estadounidense en Venezuela, las amenazas de Trump se han vuelto más duras. En una entrevista en Fox News el 8 de enero, dijo que Estados Unidos "empezaría ya a golpear tierra, en lo que respecta a los cárteles" en México.

Esos comentarios inquietaron mucho a funcionarios mexicanos, quienes habían creído que los profundos lazos económicos entre ambos países y la mejora de la cooperación en materia de seguridad protegerían a México de una acción unilateral.

La semana pasada, The New York Times informó que Estados Unidos estaba intensificando la presión sobre México para que permitiera a las fuerzas militares estadounidenses llevar a cabo operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país.

Sheinbaum y Trump hablaron brevemente el 12 de enero. Aunque ella dijo que volvió a rechazar la oferta de Trump de enviar fuerzas estadounidenses a México, afirmó que acordaron seguir hablando.

Pero a finales de la semana pasada, a pesar de una llamada telefónica entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo mexicano y de una declaración conjunta sobre reuniones futuras en materia de seguridad, el Departamento de Estado anunció en una publicación en las redes sociales que "Estados Unidos dejó claro que es inaceptable un avance incremental para hacer frente a los retos de seguridad fronteriza".

En respuesta, Sheinbaum defendió los esfuerzos de México y compartió datos que, dijo, subrayaban los progresos de su gestión en la lucha contra el narcotráfico.

Añadió que Estados Unidos necesitaba abordar mejor el tráfico de drogas dentro de sus propias fronteras, así como el flujo de armas hacia México.

Desde los comentarios de Trump sobre los ataques terrestres en México, las autoridades mexicanas han buscado mostrar resultados.

Anunciaron detenciones de personas a las que acusaban de formar parte de grupos delictivos designados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Trump. Promocionaron redadas en laboratorios de drogas e incautaciones de estupefacientes, incluido lo que dijeron que eran 20 millones de dólares en fentanilo introducidos de contrabando en el aeropuerto de Ciudad de México como cosméticos procedentes de Asia.

El sábado, las autoridades mexicanas dijeron que habían detenido, con ayuda del FBI, a un fugitivo llamado Alejandro Rosales Castillo, quien estaba desde 2017 en la lista de los 10 más buscados de la agencia estadounidense por asesinato.

En total, las autoridades mexicanas han entregado a 92 "criminales de alto impacto", en palabras de García Harfuch, desde que Trump asumió el cargo.

No estaba claro si los delincuentes acusados habían sido condenados por delitos en México o se encontraban detenidos a la espera de juicio. Las autoridades mexicanas vincularon a muchos de ellos con cárteles, afirmando que habían traficado con drogas y lavado dinero.

Entre los detenidos trasladados a Estados Unidos, según el gobierno mexicano: Daniel Alfredo Blanco Joo, acusado por las autoridades mexicanas de ser un operador logístico vinculado al Cártel de Sinaloa que ayudaba a introducir drogas en Estados Unidos; José Luis Sánchez Valencia, de quien las autoridades mexicanas dijeron que formaba parte del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y estaba relacionado con su líder, y Ricardo González Sauceda, señalado de ser un líder regional del Cártel del Noreste y sujeto a sanciones de Estados Unidos en mayo.

"Es un acto de ofrenda", dijo Carlos Pérez Ricart, experto en crimen organizado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México.

El traslado más reciente, dijo, "no es ni mucho menos una solución mágica" para eludir la presión de Trump. "Pero por lo menos el gobierno de México va ganando tiempo".

Pérez Ricart dijo que el debate jurídico y político en torno a los traslados ha disminuido desde la primera entrega, el año pasado, en parte porque la acción militar de Trump en Venezuela ha hecho más reales sus amenazas.

Jack Nicas colaboró con la reportería.

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Reside en Ciudad de México.

Jack Nicas colaboró con la reportería.