La oposición de Venezuela alerta sobre "acuerdos opacos" para elegir al fiscal y defensor

La reciente designación de funcionarios interinos vinculados al oficialismo genera inquietud sobre la autonomía de las instituciones venezolanas, tras las renuncias de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la agencia EFE, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), representante del principal bloque opositor en Venezuela, advierte que existen “acuerdos opacos” impulsados por el gobierno y sus aliados para definir a las nuevas autoridades de estos organismos, elevando cuestionamientos sobre el proceso de selección y la transparencia en la toma de decisiones clave para el sistema judicial del país.

En un comunicado divulgado el miércoles a través de su cuenta de X, la PUD sostuvo que el gobierno busca consolidar mecanismos que garanticen “lealtad al poder y subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad”. Según el texto difundido por EFE, los opositores afirman que la independencia institucional resulta esencial para recuperar la confianza ciudadana en el Estado y para asegurar el efectivo acceso a la justicia, así como la realización de investigaciones imparciales sobre posibles abusos de poder.

La PUD, que agrupa al grueso de la oposición venezolana, considera que el fiscal general desempeña una función central en la protección del debido proceso y en la reconstrucción del Estado de derecho. El comunicado subraya que la elección de las nuevas autoridades no debe responder a pactos políticos orientados a preservar cuotas de poder ni perpetuar lo que describen como “subordinación” de las instituciones al gobierno. Según lo reportado por EFE, la coalición opositora insiste en que la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo constituye una base imprescindible para cualquier avance hacia la democracia y la institucionalidad.

El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, funcionarios cercanos al gobierno, presentaron su dimisión como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Esta decisión se produjo luego de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos, que abarca 13 casos específicos ocurridos entre 1999 y 2026. Tras las renuncias, Saab asumió temporalmente la Defensoría del Pueblo, mientras que Larry Devoe, abogado también identificado con el oficialismo, quedó como fiscal general encargado, según detalló la agencia EFE.

La legislación venezolana establece que la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General conforman el Consejo Moral Republicano, órgano que integra el denominado Poder Ciudadano y que, de acuerdo con la Constitución, debe estar representado por “diversos sectores de la sociedad”. EFE informó que la Asamblea Nacional, actualmente bajo control del chavismo, habilitó a partir del 2 de marzo un proceso de postulaciones para seleccionar los nuevos titulares de estos organismos. Aunque el plazo original terminaba el lunes siguiente, el Parlamento resolvió extenderlo hasta el viernes 13 de marzo a las 10:00, hora local (14:00 GMT), de acuerdo con la agencia de noticias.

Entre los requisitos para aspirar a los cargos de fiscal general o defensor del pueblo, la ley exige que los candidatos sean ciudadanos venezolanos por nacimiento y carezcan de cualquier otra nacionalidad. Además, deben presentar una declaración formal en la que conste la ausencia de militancia político-partidista y aportar una serie de documentos adicionales requeridos para el proceso de selección, tal como informó EFE.

La PUD sostuvo en su declaración que la independencia real de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo es “una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, según recogió EFE. La coalición opositora advierte que la confianza en las instituciones depende de la imparcialidad y autonomía de las autoridades que las conducen y denuncia que el actual proceso de selección podría perpetuar prácticas opacas que, en su opinión, han deteriorado la institucionalidad venezolana en los últimos años.

El contexto que rodea la selección de nuevos titulares se produce tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos el pasado enero, un episodio que, según la coalición opositora citada por EFE, refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales capaces de garantizar el control y la fiscalización adecuados sobre el poder público. Para la PUD, resulta especialmente relevante fortalecer la figura del fiscal general como “pieza fundamental” en la defensa del debido proceso y en la tarea de transparentar la administración pública.

El debate sobre la designación de autoridades judiciales y de control mantiene el foco sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos institucionales en Venezuela. Según la información divulgada por EFE, la oposición insta a que la integración del Consejo Moral Republicano sea resultado de un proceso abierto, representativo y apegado a los preceptos constitucionales, en lugar de acuerdos políticos que garanticen intereses de una sola facción.

El procedimiento abierto para postulaciones, supervisado por la Asamblea Nacional, incorpora filtros legales diseñados para evitar que los aspirantes mantengan vínculos partidistas, como remarcó EFE. No obstante, la designación de interinos vinculados al oficialismo y la postergación del plazo para la recepción de candidatos generan escepticismo en el ámbito opositor sobre la transparencia y pluralidad reales en la composición del Consejo Moral Republicano.

La agencia EFE reportó que, pese al marco legal que regula la elección de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, diversos sectores de la sociedad venezolana consideran que la actual coyuntura política condiciona el proceso. Por tal motivo, organizaciones de la sociedad civil, activistas y actores opositores continúan manifestando preocupación sobre las garantías institucionales y la posibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho con autonomía efectiva de los poderes públicos.

En la perspectiva de la PUD, la designación de las nuevas autoridades constituye una oportunidad para revertir prácticas que, según su denuncia, han debilitado la confianza ciudadana y las bases democráticas en el país. El comunicado insiste en el llamado a la independencia institucional y advierte sobre las implicaciones que tendría una selección “opaca” en la vigencia del Estado de derecho y la capacidad de investigación frente a posibles violaciones de derechos humanos y abusos de poder, conforme a lo reportado por EFE.

Con la prórroga del proceso de postulaciones y la atención centrada en el desarrollo de las próximas semanas, el desenlace de esta controversia definirá el futuro inmediato de organismos clave del aparato de justicia y control en Venezuela, sujetando el escrutinio nacional e internacional sobre la legitimidad y la independencia en la administración pública del país, según la cobertura continuada de EFE.