¿EE. UU. puede 'manejar' legalmente Venezuela tras la captura de Maduro? Esto sabemos

El operativo reaviva la discusión sobre la legalidad de la intervención de 1989 en Panamá, aunado a la promesa del presidente Trump de "manejar" Venezuela y la situación formal de Nicolás Maduro como presidente.

La captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la declaración del presidente Donald Trump de que Estados Unidos va a "manejar el país" por ahora plantean una serie de cuestiones jurídicas extraordinarias en la zona de intersección del derecho internacional y el poder presidencial.

El gobierno de Trump aún no ha detallado públicamente su razonamiento jurídico. Pero operaciones anteriores y comentarios de Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ofrecen algunas posibles perspectivas.

En 1989, cuando el gobierno de George H. W. Bush invadió Panamá para capturar a su líder, Manuel Noriega, calificó la operación de apoyo militar a la aplicación de la ley. Al igual que Maduro, Noriega había sido imputado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Del mismo modo, el Pentágono describió la operación contra Maduro como en "apoyo" al Departamento de Justicia.

¿Es legal que EE. UU. 'maneje' Venezuela?

Poco después de declarar que Estados Unidos va a"manejar el país" en una conferencia de prensa, Trump pareció insinuar que su plan era presionar a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para que simplemente lo obedeciera.

Cuando se le preguntó en una entrevista con The New York Post si se desplegarán soldados estadounidenses para ayudar a manejar Venezuela, Trump respondió: "No, si la vicepresidenta de Maduro… si la vicepresidenta hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo". (También insinuó a los periodistas que no tiene "miedo a las tropas sobre el terreno", especialmente en lo que respecta al petróleo del país).

Esto plantea la cuestión de cómo pretende el presidente estadounidense manejar Venezuela si Rodríguez se niega. Trump no ha dicho cómo podría ocurrir esto ni sobre qué base jurídica, lo que ha dejado desconcertados a múltiples expertos en derecho internacional y de seguridad nacional.

Rebecca Ingber, profesora de la Facultad de Derecho Cardozo y otrora abogada del Departamento de Estado, dijo que no veía ningún medio legal para que Estados Unidos "maneje" Venezuela.

"Esto parece una ocupación ilegal según el derecho internacional, y el derecho interno no faculta al presidente a realizarla", dijo, y añadió: "No está claro qué tiene en mente, pero es de suponer que necesitaría financiación del Congreso para llevarlo a cabo".

Panamá solo ofrece una guía limitada. En 1989, Guillermo Endara, candidato de la oposición a quien se consideraba ganador de las elecciones presidenciales de mayo, cuando Noriega anuló sus resultados, juró rápidamente el cargo de presidente de Panamá en una base militar estadounidense.

Sin embargo, fue Endara quien dirigió Panamá, adoptando medidas como la abolición del ejército panameño y la creación de una nueva fuerza policial nacional. Estados Unidos le ayudó, pero el presidente George H. W. Bush no pretendió dirigir directamente Panamá como potencia ocupadora.

¿La sustracción de Maduro viola el derecho internacional?

Parece que viola la Carta de las Naciones Unidas, un tratado que Estados Unidos ha ratificado.

Según el artículo 2.4 de la Carta, una nación no puede utilizar la fuerza en el territorio soberano de otro país sin un consentimiento, una justificación de legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

La mayoría de las veces, cuando Estados Unidos utiliza la fuerza en el extranjero sin la aprobación de la ONU --como en algunos ataques antiterroristas con drones--, lo hace con el permiso del gobierno anfitrión y alegando legítima defensa.

Sin embargo, detener a alguien para someterlo a juicio es una operación policial, no de defensa propia. En 1989, la mayoría del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de condenar la invasión a Panamá, aunque Estados Unidos vetó la resolución. La Asamblea General de la ONU votó 75 contra 20 para considerarla "una violación flagrante del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados".

¿La prohibición de la ONU tiene importancia para la legislación estadounidense?

Aquí es donde las cosas se complican.

La Constitución establece que los tratados ratificados forman parte de la "ley suprema del país" y también exige a los presidentes que "velen por el fiel cumplimiento de las leyes". Pero los abogados del Poder Ejecutivo han presentado teorías según las cuales en ocasiones la Constitución faculta a los presidentes a anular legalmente los límites del derecho internacional en el uso de la fuerza en el extranjero.

En la intervención de Panamá, por ejemplo, un dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia afirmaba que Bush tenía poder constitucional inherente para desplegar al FBI en el extranjero a fin de detener a un fugitivo de cargos penales estadounidenses, aunque tal operación violara el derecho internacional. El dictamen fue firmado por quien luego sería fiscal general, William Barr.

El razonamiento de Barr --cuando más tarde salió a la luz-- ha suscitado importantes críticas entre los juristas. Brian Finucane, quien fuera abogado de alto rango en el Departamento de Estado, en un artículo jurídico de 2020, argumentó que el memorando de Barr había mezclado erróneamente dos asuntos.

Uno de ellos es una pregunta más limitada: si un tribunal estadounidense puede hacer cumplir un tratado ratificado, y cuándo, si el Congreso no ha promulgado por separado una ley que repita sus términos. El otro asunto es si todos los tratados ratificados cuentan como el tipo de legislación que los presidentes están constitucionalmente obligados a obedecer, "tanto si los tribunales pueden hacerlos cumplir como si no", dijo Finucane en una entrevista.

Él y otros han afirmado que los presidentes están obligados por la Carta de la ONU --y se entendía que lo estaban en el momento de ratificación-- incluso si ningún tribunal puede ordenar a los presidentes que la obedezcan. Pero no existe una sentencia definitiva de la Corte Suprema sobre la cuestión de la Carta de la ONU.

¿Qué pasa con los bombardeos estadounidenses en Venezuela?

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Estados Unidos había destruido defensas aéreas en Venezuela cuando se aproximaban los helicópteros que transportaban al equipo de captura. Posteriormente, los videos publicados en las redes sociales mostraron explosiones en Caracas.

El senador Mike Lee, republicano por Utah, dijo en las redes sociales a primera hora del sábado, tras conocerse la operación, que deseaba "saber qué podría justificar constitucionalmente esta acción, si es que existe, en ausencia de una declaración de guerra o de una autorización para el uso de la fuerza militar".

Horas después, Lee dijo que Rubio lo había llamado para decirle que "la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de detención". Y añadió: "Esta acción probablemente entra dentro de la facultad inherente del presidente en virtud del Artículo II de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque de hecho o inminente".

Parece una invocación a la doctrina del poder protector inherente. La idea, que se remonta a finales del siglo XIX, es que la Constitución faculta al presidente, sin necesidad de una autorización legal específica del Congreso, a utilizar la fuerza militar para proteger al personal federal cuando hace cumplir la ley federal.

El gobierno de Trump ha invocado recientemente esa doctrina al desplegar soldados bajo control federal en Los Ángeles en nombre de la protección de los agentes de inmigración frente a los manifestantes.

Caine dijo que hubo varios casos en los que los helicópteros recibieron fuego y lo devolvieron. Eso podría referirse a una doctrina distinta, relativa a la autoridad inherente de las unidades desplegadas para disparar en defensa propia.

¿Y la esposa de Maduro?

Cilia Flores, la esposa de Maduro, no era parte de la imputación que se hizo a Maduro en 2020, pero también fue capturada y trasladada a Estados Unidos para ser procesada. La fiscala general Pam Bondi anunció que también había sido imputada.

El sábado, un tribunal dio a conocer una acusación sustitutiva que la añadía como imputada. La fecha estaba censurada, pero el fiscal estadounidense que la presentó, Jay Clayton, tomó posesión de su cargo el año pasado.

¿Los tribunales estadounidenses tomarán en cuenta las circunstancias de la captura?

Probablemente no. Aunque Maduro pueda argumentar que su detención fue ilegal en virtud de la Carta de la ONU, los tribunales estadounidenses parecen seguir teniendo jurisdicción para supervisar su procesamiento por cargos de violación de la ley nacional.

Varios casos, entre ellos los de 1886, 1952 y 1992, rechazaron impugnaciones presentadas por acusados de delitos penales que decían haber sido puestos ilegalmente bajo custodia del tribunal donde estaban siendo juzgados. El fundamento es que lo que importa es la presencia de un acusado, no cómo llegó allí.

¿Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado?

Es un antiguo principio del derecho internacional que los jefes de Estado gozan de inmunidad ante los tribunales extranjeros. La Corte Suprema ha reconocido esa limitación remontándose a una opinión de 1812 que dice que "la persona del soberano" está exenta de arresto o detención en territorio extranjero.

Que Maduro tenga derecho a dicha inmunidad, como seguramente argumentarán sus abogados defensores, podría depender de la posible diferencia entre ser simplemente el líder de facto de un país y ser su jefe de Estado políticamente reconocido, y de quién decide cuál es cuál.

En particular, Rubio ha dicho en repetidas ocasiones que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, sino que debe ser considerado el jefe de una organización de narcotraficantes que se hace pasar por un gobierno, afirmación que repitió el sábado.

Tras la detención de Noriega, él invocó la inmunidad como jefe de Estado extranjero, pero el gobierno de Bush argumentó que no tenía derecho a ella. Un juez de distrito falló en contra de Noriega y un tribunal de apelación confirmó esa sentencia.

Ese razonamiento no se fundamentó solo en el hecho de que Bush se negara a reconocer a Noriega como jefe de Estado de Panamá. También se basaba en la propia legislación panameña: su Constitución establece que el jefe de Estado es un presidente electo, mientras que Noriega era un líder militar y nunca pretendió ser su presidente.

El estatus de Maduro es más complicado. Como vicepresidente de Venezuela, se convirtió en presidente interino tras la muerte de su predecesor, Hugo Chávez. Posteriormente, Maduro ganó unas reñidas elecciones en 2013. Estados Unidos lo reconoció durante años como presidente de Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró formalmente a Maduro vencedor de las elecciones de 2018 y 2024. Pero los resultados se consideraron ampliamente fraudulentos y, desde 2019, tanto en el mandato de Trump como bajo el del presidente Joe Biden, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente legítimo.

Citando un precedente de 2015 de la Corte Suprema que afirma que los presidentes tienen autoridad absoluta para reconocer a gobiernos extranjeros, Ingber predijo que "la Corte Suprema probablemente va a dictaminar que Trump tiene potestad para negar el reconocimiento a Maduro a efectos de la inmunidad de jefe de Estado".

Carol Rosenberg y Eric Schmitt colaboraron con reportería.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Carol Rosenberg y Eric Schmitt colaboraron con reportería.