Un juez en EE. UU. bloquea la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento en una demanda colectiva

El juez federal reavivó el enfrentamiento legal sobre los esfuerzos del presidente Trump para negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres indocumentados.

El jueves, un juez federal impidió que el gobierno de Donald Trump aplicara una orden ejecutiva controversial que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, tras certificar una demanda como acción colectiva, en la práctica la única forma en que podía imponer un límite de tal alcance tras la sentencia de la Corte Suprema del mes pasado.

Joseph Laplante, juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de New Hampshire, dijo que su decisión se aplicaba en todo Estados Unidos a los bebés que hubieran estado sujetos a la orden ejecutiva, que incluía a los hijos de padres indocumentados y a los nacidos de académicos en el país con visados de estudiante, a partir del 20 de febrero.

El gobierno de Trump ha luchado para eliminar la antigua ley, establecida en la Constitución, según la cual las personas nacidas en Estados Unidos son automáticamente ciudadanas, independientemente de la situación migratoria de sus padres. La orden de Laplante reaviva un enfrentamiento legal que está en marcha desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump.

El juez, nombrado por el presidente George W. Bush, emitió una orden escrita formalizando la sentencia el jueves por la mañana. También suspendió su orden por siete días, dando tiempo a una apelación.

La demanda, interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), se presentó horas después de que la Corte Suprema dictara el mes pasado una sentencia que limitaba la capacidad de los jueces de los tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. El caso puso a prueba el nuevo panorama tras la decisión de la Corte Suprema e hizo uso de lo que parecía ser la única forma práctica y eficaz que les quedaba a los jueces de distrito para congelar la aplicación de políticas que consideraban ilegales.

Las demandas colectivas, que implican a una población de personas en situación similar, se consideraron la solución. Antes de la decisión de la Corte Suprema, las medidas cautelares de ámbito nacional o "universales" eran la principal herramienta que podían utilizar los jueces para detener las políticas del poder ejecutivo.

La decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento no abordó la controversia central en torno a la constitucionalidad de la acción ejecutiva de Trump, pero allanó el camino para que la mayoría de los estados empezaran a aplicarla. Sin embargo, la mayoría del tribunal dijo que la orden ejecutiva no podía aplicarse hasta el 27 de julio, lo que da tiempo a que se presentaran demandas.

La demanda de la ACLU había propuesto que todos los niños nacidos en Estados Unidos después del 20 de febrero y sus padres constituyeran un grupo en la demanda colectiva. Advertía de que, según los términos de la orden de Trump, las personas nacidas de padres en el país de forma ilegal corrían el riesgo de convertirse en "apátridas".

Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que Laplante limitó finalmente la clase a los recién nacidos, no a sus padres.

Pero el juez indicó que tenía pocas reservas sobre el bloqueo de la política en lo que se refiere a los niños que crecerían como apátridas, y dijo que su decisión "no fue con poco margen".

"Esta sentencia es una gran victoria y ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, como pretendía la Constitución", dijo Wofsy en un comunicado. "Estamos luchando para garantizar que el presidente Trump no pisotee los derechos de ciudadanía de un solo niño".

Zach Montague es un reportero del Times que cubre los tribunales federales, incluidas las disputas legales sobre la agenda del gobierno de Trump.