
Los últimos años han sido una especie de montaña rusa para el mundo. Cuando pensamos que ya estamos superando una crisis, sobreviene otra, y así sucesivamente. En el caso del Perú, por supuesto, no somos ajenos a ello y, más bien, nos hemos encargado de añadirle una buena cantidad de sal y pimienta. Si bien nuestra vida económica y política nunca está exenta de vaivenes, podemos afirmar que, después de las elecciones de 2016, nuestra montaña rusa particular se ha vuelto cada vez más peligrosa.
A la casi constante crisis política que ha generado cambios sucesivos de presidentes de la república se sumaron la covid-19, las protestas en el sur del país y, desde hace poco, el ciclón Yaku, un fenómeno climático anormal en el Perú. Si recordamos, en marzo siempre se generan incrementos de precios y la razón suele ser las intensas lluvias en la sierra, que causan el cierre de carreteras y el desabastecimiento de los principales mercados. A esta situación le añadimos un ciclón que no causa estragos estacionales en el país, pero sí pérdidas que aún no hemos cuantificado con exactitud, pero que ya bordearían el 2 % del producto bruto interno (PBI).
Esta situación no solo acarrea la pérdida de productos alimenticios del norte del Perú, sino que también implica una disminución del aparato productivo (carreteras, tierras inundadas, etc.). No solo se trata de volver a sembrar, sino que, en muchos casos, es preciso reconstruir la infraestructura que ya teníamos desde antes del desastre natural.
El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, ha reafirmado que los gobiernos regionales tienen más de S/4,000 millones disponibles para invertir en este tipo de situaciones, con la posibilidad de acceder a créditos suplementarios por más de S/8,000 millones. Aun así, desde el 2017 se ha hecho muy poco por la reconstrucción del norte, pese a contar con los recursos. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí lo lograremos? Se reafirma una vez más que uno de los problemas principales no es la falta de recursos, sino la escasa capacidad de gestión que tenemos de manera general en todo el país.
Para solucionar este gran problema, no podemos continuar con esquemas ya usados. Las autoridades creadas para fines especiales de este tipo no han tenido mayor incidencia y se han visto apagadas, probablemente, por la fuerza del poder político. Por lo tanto, nada cambiará si nuestra clase política no demuestra tener la voluntad para dar una respuesta cuanto menos digna a los pueblos afectados.
Esperemos que, en seis años más, no tengamos que volver a ver escenas de destrucción y dolor de nuestros conciudadanos. Nadie se merece eso, máxime cuando nos repiten de manera constante que contamos con recursos económicos.

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