Ilave y el cargamontón hacia las Fuerzas Armadas

Con la muerte de seis militares en Ilave hemos sido testigos de cómo la narrativa para desacreditar a las Fuerzas Armadas va ganando terreno en el debate público. Hasta hace poco caía en terreno infértil el discurso de radicales que equiparaban a las Fuerzas Armadas como un enemigo siempre y en toda circunstancia, pero hoy no solo hemos visto a una turba humillarlos, apedrearlos, obligarlos a cruzar un río y encontrar la muerte, sino un cargamontón discursivo que pone en duda su función y el uso legítimo de la fuerza en un Estado de derecho.

Los reportajes de los programas de televisión de Cuarto Poder y Punto Final emitidos el domingo 12 marzo muestran que en Juli el día anterior a la tragedia, un numeroso grupo de extremistas atacó e incendió la Comisaría y la Sede del Poder Judicial de Juli. A partir de esto, las dos patrullas, cuyos soldados fallecieron ahogados, trataban de llegar de Ilave a Juli como parte de un operativo de apoyo a los agentes que fueron embestidos el día anterior. Es decir, se trataba de ir a restablecer el orden interno en un lugar en el cual un grupo grande de manifestantes ya había demostrado bastante violencia contra instituciones públicas y personas.

Sin embargo, esto no es lo que se cuenta cuando se habla de esta historia, porque algunos periodistas empezaron a poner los reflectores en las órdenes del Capitán para cruzar el río, o en que los soldados no sabían nadar. De la situación, el grado y potencial de violencia del día anterior no mencionan mucho, y tampoco sobre las mismas imágenes que muestran cómo no dejan pasar a los soldados a cumplir su función, y cómo los obligan a retroceder a pedradas, amenazándolos todo el tiempo con expresiones humillantes y discursos de odio.

La noticia que se difundió trató de romantizar a los extremistas porque hubo civiles que salvaron a algunos soldados de ahogarse. Y ciertamente ha habido admirables personas que lo hicieron, pero no se puede probar que hayan sido del grupo de atacantes, ni que eran vecinos que no tenían nada que ver con los violentos. Sean lo uno o lo otro, el hecho de hacer noticia esto fue un grosero intento de minimizar la responsabilidad de los manifestantes violentos. La noticia debería ser que las Fuerzas Armadas destinadas a restablecer el orden interno en un estado de emergencia fueron agredidas y apedreadas, pero esta situación no ha levantado las suficientes alarmas, ni parece preocuparles su gravedad a muchos. La cháchara predominante ha sido desprestigiar a los militares, y en medio del todo lo que venimos viviendo no hay que ir muy allá para conectar y saber a quién le interesa difundir la sórdida visión de que las Fuerzas Armadas son enemigos de la población.

En medio de tanta desinformación, por tanto, es relevante recordar algunas ideas y principios sobre la función de la Policía y las Fuerzas Armadas en el control del orden interno y el uso de la fuerza.

Para empezar, ni las Fuerzas Armadas, ni policiales son enemigos de los ciudadanos como nos quieren hacer creer. Su rol ante situaciones de violencia, y el uso de la fuerza está limitado por estándares internacionales de derechos humanos en nuestro ordenamiento. En un Estado de derecho, el monopolio de la fuerza pública le pertenece al Estado.

Ahora, este uso de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas no puede ser arbitrario, por el contrario, está sujeto a la Constitución, principios, leyes y reglamentos que encuentran además inspiración y sustento en criterios del Sistema Interamericano y Universal de protección de derechos humanos como por ejemplo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Entonces esa visión de que las Fuerzas Armadas o la Policía son siempre el enemigo o que son asesinos es realmente incompatible con un Estado de derecho, en el cual su rol y la fuerza que ejerzan siempre se controlará que se sujete a la Constitución y al respeto de los derechos humanos. Siempre debe limitarse a quien detenta el poder y a quien ejerce la fuerza. Se sabe de antemano que el uso de la fuerza implica riesgos de abusos, errores, delitos, y por eso en un Estado de derecho deben estar dadas todas las garantías para que quienes ejercen el uso de la fuerza estén en condiciones de llevar a cabo una función cuyas intervenciones podrían afectar la vida y la integridad de las personas. De allí la importancia de los límites, las garantías, el uso excepcional y restrictivo de la fuerza, y el control de que se ejerza sin que se violen los derechos humanos.

De esta manera son tan absurdas y contrarias al Estado de derecho aquellas posiciones que señalan siempre a las Fuerzas Policiales y Armadas como enemigas de la ciudadanía, como aquellas que creen que sus intervenciones no deben sujetarse a controles que resguarden que no se violen los derechos humanos.

Recordemos que, desde los primeros días de febrero, Puno se encuentra en Estado de emergencia según el Decreto Supremo N° 018-2023-PCM que se estableció por sesenta 60 días calendario, además en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. En todos la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas; excepto en el departamento de Puno donde el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas. En el mismo decreto se especifica que el accionar de estas contempla la protección de los activos críticos nacionales y la protección a instituciones públicas o privadas.

En el Decreto Legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, se señala que el orden interno es “la situación en la cual están garantizados la estabilidad y el normal funcionamiento de la institucionalidad político-jurídica del Estado. Su mantenimiento y control demandan previsiones y acciones que el Estado debe adoptar permanentemente, llevando implícita la posibilidad de declarar los regímenes de excepción que prevé la Constitución Política”.

La declaración del Estado de emergencia en Puno y que el orden interno sea asumido por las Fuerzas Armadas se realizó conforme el artículo N° 137 de la Constitución Política, según el cual el presidente de la República puede decretar por plazo determinado en parte del territorio nacional un estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Y dentro de esta potestad hay un supuesto en el cual las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno si así lo dispone la presidenta de la República.

Ya había una situación de violencia que dio lugar a fundamentar el Estado de emergencia, y las dos patrullas de la cual seis de sus miembros terminan ahogándose estaban yendo para garantizar y proteger el orden interno frente a extremistas que habían incendiado una comisaría y el poder Judicial. Las Fuerzas Armadas se dirigieron de Ilave a Puno para cumplir una función que les permite la Constitución y la ley, y mediante amenazas y violencia fueron impedidos de ejercerla.

Esas patrullas estaban allí conforme al Estado de derecho y no estaban haciendo uso arbitrario de la fuerza. Su presencia era parte de los niveles preventivos y disuasorios, sin embargo, encontraron una turba irracional y violenta que los agredió con piedras, insultos degradantes, y que los obligaron a retroceder y a cruzar el río.

Con esto se han rebasado líneas de protección del Estado de derecho que deberían más bien indignarnos y ponernos en alerta. Es tan grave y triste la muerte de los soldados en Ilave como el hecho mismo de que a la opinión pública no parece importarle la gravedad de un hecho así, ya que no puede ser algo positivo para la democracia y el Estado de derecho que esta acometida hacia una institución encargada de tutelar el orden interno de Puno, sea pasado por alto y que más bien se desinforme tanto para desacreditarlas.