
Desde hace un tiempo largo el deterioro del debate público en Perú corre paralelo al proceso de descomposición social que quiebra reglas y normas que creíamos compartir.
Hoy, por ejemplo, un presidente de la República que ha fraguado documentos formales para obtener otros oficiales a nombre de la nación puede evadir explicaciones y no pasa nada. O las autoridades en ejercicio del Poder Legislativo pueden usufructuar el uso de bienes públicos para su beneficio, el de sus familias y amigos y tampoco pasa nada. Ni qué decir de los sentenciados por peculado y corrupción: ellos pueden ser condecorados con honores por el Parlamento tras su paso por la prisión y desde luego no pasa nada.
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En el terreno político-mediático suceden trasgresiones similares. Los presentadores de televisión pueden difamar a quien sea y simular que ejercen el periodismo, o invitar a analistas que han encontrado en la mentira y la desinformación la manera de ganarse la vida y lo mismo, no sucede nada. Hasta en las redes sociales se confiesan ahora presuntos delitos como si nada. La degradación es sostenida.
En el contexto en que nos encontramos no sorprende que el discurso político haya caído también en la misma pauperización que observamos en otros ámbitos. Huérfano de ideas, privado de argumentos, evasivo a la rendición de cuentas, el poder no muestra ningún respeto por la ciudadanía.
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Hace unos días, desde la mesa directiva del parlamento, la instancia responsable de moderar el debate, fuimos testigos de cómo una congresista habituada al improperio callaba a los gritos a un cuestionado congresista porque desde su curul el aludido vituperaba con el adjetivo de “miserable” a un ex vicepresidente de la República.
Semanas atrás, un atribulado primer ministro también echaba mano del mismo manido término para descalificar al cardenal del Perú y luego retractarse. Y el líder del partido de gobierno, que asegura sin rubor que Cuba es un país libre y que la invasión rusa a Ucrania no es tal, usa la falacia histórica como arma de provocación y pasatiempo favorito. Sus inconsistencias podrían ser fácilmente rebatidas con argumentos, sin embargo, eso no sucede y la perorata cumple el doble objetivo funcional de avivar el conflicto y desatar la respuesta energúmena de la oposición. Así, bajo la atmósfera caldeada y descompuesta de nuestra vida política y social, los peruanos y peruanas transitamos a diario entre el fuego cruzado de la demagogia y la procacidad.
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EL RESCATE DE LA PALABRA
Algún tiempo atrás formarse para la política implicaba un largo proceso de aprendizaje. Aprender habilidades para el discurso, por ejemplo, era un imperativo para quienes aspiraban al poder. Dominar el arte y la técnica de la persuasión más avanzada (la retórica clásica) era necesario para despertar ilusiones a la vez que construir argumentos. Hoy es una excentricidad. La política huye de todo tipo de aprendizaje para su propio bien. En consecuencia, la palabra del político ha perdido valor, el diálogo ha desaparecido y la comunicación política se ha reducido a la difusión improvisada de imágenes sin identidad.
Para salir de esa inercia penosa hay que procurar devolverles su valía a las palabras en el espacio público. Necesitamos una cruzada por el diálogo y las buenas maneras, esas que incluyan la civilizada costumbre de escuchar para entender antes que para responder. Tenemos que sobreponernos al mundo epidérmico al que hemos sido arrastrados, devorados por emociones y reacciones impulsivas, para recuperar las capacidades de razonar, consensuar, negociar y, desde luego, expresar opiniones políticas bajo estándares de respeto mutuo. No estoy planteando una quimera, aunque el enorme desafío lo parezca. Tampoco niego la naturaleza confrontacional que encierra en sí mismo el debate político. Pero considero que no podemos permanecer impasibles frente a la farsa y la vulgaridad. Y los actores políticos tienen la obligación de actuar con el debido decoro frente la ciudadanía, tanto si aspiran al poder como si lo detentan. Tenemos que hacerlo o la ley de la selva nos devorará.
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