Regular las plataformas digitales: el Senado mexicano frente al “Sansón” digital

Por Abraham Lira *

Vista del logo de Facebook. EPA/LUONG THAI LINH/Archivo
Vista del logo de Facebook. EPA/LUONG THAI LINH/Archivo

En materia de tecnopolítica la regulación de plataformas digitales es uno de los debates más importantes. Mientras el contexto político global se muestra preocupado por las implicaciones de la conversación digital en los procesos democráticos a nivel nacional, una cosa es clara: el interés primordial de los dueños de las redes no radica en garantizar la libertad de expresión o limitar la reproducción de discursos de odio, son empresas tecnológicas cuyo objetivo es “vender” a sus usuarios como público objetivo para anunciantes y prestadores de servicios.

Las plataformas digitales están en su derecho de velar por sus intereses comerciales, estableciendo condiciones de uso y normas de comportamiento unilaterales, sin embargo, es labor del Estado-nación salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y contener las malas prácticas en la conversación digital que desencadenen actos violentos. Surge una evidente necesidad política de regular las redes, pero las características no tradicionales de su modelo de negocio obligan a pensar en un trabajo de dimensiones titánicas.

En diversas partes del mundo han surgido iniciativas legales para regular a las redes sociales digitales: Alemania tiene una ley que penaliza el discurso de odio a través de Internet, Australia monitorea las redes en tiempo real para borrar propaganda terrorista, mientras que la Unión Europea obliga a las empresas tecnológicas a combatir el discurso de odio borrando perfiles fundamentalistas.

Luego de las recientes desavenencias entre el gobierno mexicano y Twitter, desde el Senado se avizora una propuesta legislativa para regular las plataformas digitales, sustentándose en que dichas empresas utilizan el espectro radioeléctrico, un bien público, aunado a la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

A priori se podría estar de acuerdo con la iniciativa, liderada por el senador Ricardo Monreal, para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de incluir a las redes sociales digitales, tanto en materia de derechos de los usuarios y las audiencias, como en la neutralidad de la red, que en el Artículo 145 obliga a las empresas tecnológicas a respetar la libre elección de los usuarios, no discriminar, garantizar la privacidad, la transparencia y la información.

El problema es entender la complejidad del modelo de negocio de las plataformas digitales para su debida legislación. ¿Cómo aplicar un límite de actuación a empresas omnipresentes, omniscientes y -con la suspensión/cancelación de las cuentas del expresidente Trump- hasta omnipotentes? Los dueños de Facebook y Twitter han argumentado en sus condiciones contractuales que solo responden a la regulación de los tribunales estadounidenses, debido a que ahí se encuentra su matriz corporativa. ¿El trabajo legislativo a nivel nacional es suficiente para una regulación eficaz?

Hay dos opciones con mayor viabilidad para regular las plataformas digitales: 1) una regulación internacional como la que logró la Comisión Europea al firmar acuerdos con Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft para eliminar expresiones ilegales de odio de forma rápida y mejorar la protección a los usuarios europeos; o 2) una meta regulación, propuesta en el Foro para la Información y la Democracia, que recomienda a los países establecer una normativa general que las plataformas deban seguir para construir sus propias reglas particulares sobre contenido, de esta manera, ninguna ley respondería únicamente a los intereses del gobierno en turno, o bien, a los intereses de las plataformas.

Es loable la intención de que México establezca mecanismos de intervención que garanticen la libertad de expresión y limiten la reproducción de discursos de odio dentro de la conversación en redes sociales digitales, pero habrá que esperar la divulgación de la propuesta legislativa para estimar sus verdaderos alcances y limitaciones.

*Abraham Lira es maestro en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con orientación hacia la tecnopolítica, cuenta con experiencia profesional como creador de contenidos, coordinador de medios y redes sociales digitales en gobiernos locales de la Ciudad de México. Los temas en los que se especializa son: comunicación política e institucional, gestión pública, gobernanza electrónica, estrategias networking, análisis de redes sociales, discurso político y contenido mediático.

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