El Tribunal Supremo de Israel revirtió este viernes el veto que el Comité Electoral había impuesto a varios partidos árabes, que quedaron habilitados para competir en las próximas elecciones generales. La decisión se conoció horas después de que un dirigente político retirara su candidatura bajo presión judicial.
El organismo, integrado por parlamentarios, había votado en septiembre a favor de excluir de los comicios del 27 de octubre a distintos bloques y candidatos árabes. Entre las agrupaciones afectadas figuraban la Lista Conjunta, que reúne a varias fuerzas seculares y de izquierda, y la Lista Árabe Unida, también conocida como Raam, de orientación islamista y con antecedentes de integrar coaliciones junto a formaciones israelíes.
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Esta última había hecho historia en 2021 al convertirse en la primera formación de ese sector en sumarse a un gobierno de Israel, dentro de una alianza heterogénea que apartó temporalmente del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu.
Por una votación de 7 a 2, los magistrados restituyeron además la candidatura del legislador Ofer Cassif, diputado judío de extrema izquierda y crítico del trato que el país otorga a los palestinos. El comité lo había acusado de “negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático” y de describir como “genocidio” la ofensiva militar en Gaza.

El tribunal definió esas expresiones como “escandalosas” y causantes de “repugnancia”, aunque determinó que no alcanzaban los estándares jurisprudenciales requeridos para una inhabilitación. Los dos jueces en minoría sostuvieron, en cambio, que el respaldo de Cassif a la “lucha armada contra el Estado de Israel” bastaba para apartarlo de la contienda.
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Sami Abu Shehadeh, líder del partido de izquierda Balad, retiró su postulación el jueves luego de que los magistrados, durante una audiencia, anticiparan que convalidarían su exclusión. Horas más tarde, el tribunal confirmó por unanimidad el veto en su contra.
El reclamo se originó en un artículo que Abu Shehadeh publicó el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque perpetrado por milicias de Gaza contra territorio israelí, el más letal en la historia del país. Allí describió lo sucedido como “un acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico”, aunque negó estar respaldando la agresión. Los jueces calificaron esas frases como “hirientes, indignantes e incitadoras”.
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Su partido advirtió que una expulsión dictada directamente por la justicia, en lugar de una salida voluntaria, habría generado “graves consecuencias para la vida política y parlamentaria del país”. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, aliado de extrema derecha de Netanyahu, calificó el desenlace del caso como una “victoria tremenda”, aunque dijo que hubiera preferido una condena explícita por parte del tribunal.

El organismo legal Adalah, que representó a las formaciones afectadas, cuestionó los argumentos utilizados contra el líder de Balad y afirmó que ninguna de las pruebas presentadas incluía un llamado a la violencia. Según la entidad, su trayectoria como activista de derechos humanos y legislador demuestra “su oposición constante e inequívoca a cualquier tipo de violencia, así como su compromiso con la paz, la justicia y la igualdad”.
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Los árabes israelíes representan más del 20 % de la población del país, según el Centro para la Democracia de Israel. Son descendientes de quienes permanecieron en el territorio tras la creación del Estado de Israel en 1948, y hasta 2021 se habían mantenido al margen de la política de coaliciones.
Ese escenario cambió con el ingreso de Raam al Ejecutivo y con la suma, en su boleta, del candidato judío sionista Yoav Segalovitz, popular en sectores árabes por su labor policial contra la delincuencia. Analistas creen que esa jugada podría facilitar un acercamiento entre los opositores a Netanyahu y Raam, liderado por el islamista moderado Mansour Abbas.
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(Con información de AFP y EFE)
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