El Consejo de Europa denunció este miércoles un deterioro continuado de los derechos humanos en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia, en un informe anual presentado a los países miembros.
El documento, entregado por el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, durante una reunión del Comité de Ministros en Estrasburgo, Francia, abarca el período comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026. Según la entidad paneuropea, integrada por 46 países, Rusia se encuentra en “violación flagrante” de sus obligaciones internacionales como potencia ocupante, a raíz de la promulgación de leyes y políticas orientadas a debilitar la soberanía ucraniana y a desvincular esas zonas del resto del país.
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El texto pone especial atención en los intentos de celebrar elecciones a la Duma Estatal, previstas para el 20 de septiembre, en los territorios bajo dominio ruso, donde según las autoridades de Kiev residen aproximadamente 3,5 millones de ciudadanos ucranianos. El Consejo de Europa advierte que esos comicios no solo resultarían incompatibles con los principios del derecho internacional, sino que agravarían las consecuencias de la invasión militar y comprometerían los esfuerzos de paz en curso.
El informe resalta además que Rusia impone su ciudadanía a los habitantes de las zonas ocupadas y registra dificultades vinculadas a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, además de obstáculos en el acceso a la educación.
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“Las acciones de Rusia durante el período analizado ponen de manifiesto una estrategia sistemática que no se centra únicamente en el control del territorio, sino también en imponer su dominio sobre la población ucraniana mediante la violencia estructural, la supresión de su identidad nacional y graves violaciones de los derechos humanos”, indicó el organismo en un comunicado.
La ocupación ha consolidado patrones de comportamiento que el Consejo califica de “graves, sistémicos y de gran alcance” en materia de derechos humanos. Pese a las numerosas irregularidades registradas por organizaciones internacionales y locales, la imposibilidad de acceder físicamente a las zonas bajo control militar y la negativa de las autoridades rusas a colaborar frenan la supervisión independiente, la comprobación de los hechos, el seguimiento de casos y el contacto directo con las víctimas, entre ellas los menores.“Por lo tanto, resulta cada vez más difícil evaluar la magnitud real de las violaciones documentadas”, señala el informe.
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El análisis se elaboró a partir de visitas de funcionarios a Varsovia y Kiev, junto con información suministrada por autoridades ucranianas, organismos internacionales, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, además de datos disponibles en fuentes públicas.
“Debido a la guerra de agresión que Rusia mantiene contra Ucrania y a su exclusión del Consejo de Europa en 2022, no es posible mantener debates sustantivos con el Gobierno ruso sobre esta cuestión”, precisa el documento.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó, además, un proyecto de resolución que reclama destinar los activos rusos congelados como sanción por la invasión de Ucrania al pago de las indemnizaciones que Kiev exige por sentencias del Tribunal de Estrasburgo, un monto que podría ascender a miles de millones.
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(Con información de EFE)
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