Azerbaiyán prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y se suma a una tendencia mundial

Azerbaiyán sancionó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, una decisión que coloca al país del Cáucaso junto a Australia, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) en la lista de gobiernos que optaron por la vía legislativa ante la incapacidad de la industria digital de autorregularse, según informó Euronews.

La medida responde a una preocupación extendida por los efectos del entorno digital en la salud mental de los adolescentes. Los problemas más documentados incluyen adicción a las plataformas, deterioro de la autoestima y ciberacoso, una forma de hostigamiento que, a diferencia del acoso escolar presencial, persigue a los menores dentro de sus hogares y resulta más difícil de esquivar.

Las huellas psicológicas del entorno digital

Narmina Ismayilzada, psicóloga infantil y adolescente con 16 años de trayectoria, señaló a Euronews que los jóvenes expuestos al acoso digital desarrollan con frecuencia “un fuerte sentimiento de vergüenza, una menor confianza en sí mismos y ansiedad”, lo que desemboca en aislamiento social y absentismo escolar. Los algoritmos de las plataformas, agregó, explotan la sensibilidad de los adolescentes respecto a su apariencia física y su necesidad de aceptación social, lo que daña la concentración y la motivación académica.

“Los problemas de atención dispersa figuran entre nuestros asuntos más graves hoy en día. Esto los vuelve más agresivos e impulsivos”, afirmó. La especialista advirtió que una prohibición sin acompañamiento puede producir el efecto contrario: los menores muestran más interés por lo que está vedado y suelen buscar acceso de forma encubierta.

La psicóloga subrayó que la clave está en el vínculo familiar. “Un enfoque sano exige supervisión acompañada de confianza mutua y diálogo abierto”, sostuvo. Añadió que la comparación constante con imágenes idealizadas en redes sociales lleva a los adolescentes a la insatisfacción corporal y, en los casos más extremos, a síntomas depresivos.

El desafío de las aulas y la brecha de aplicación

Desde el ámbito educativo, la postura es más escéptica. Kamala Dadashova, profesora de informática y competencias digitales en la Escuela N° 161 de Azerbaiyán, reconoció que la prohibición aborda problemas reales que observa a diario —la dependencia de los “me gusta”, el ciberacoso y las alteraciones del sueño—, pero cuestionó si restringir el acceso constituye el enfoque adecuado. El uso generalizado de VPN y fechas de nacimiento falsas entre los menores amplía la distancia entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica.

“El objetivo no debe ser alejar a los niños de internet, sino prepararlos para usarlo de forma segura”, afirmó la docente. A su juicio, las plataformas también tienen la obligación de crear entornos protegidos, y no corresponde cargar todo el peso sobre los adolescentes o sus familias. Propuso que los centros escolares reemplacen el tiempo de pantalla por actividades digitales con propósito, como programación, robótica y clubes de alfabetización mediática.

Una reconfiguración del rol del Estado

Por su parte, Laman Nazarova, analista geopolítica del Caspian Analytical Centre (Centro de Análisis Caspio), ofreció a Euronews una lectura más amplia del fenómeno. Las plataformas digitales, sostuvo, “se convirtieron en uno de los principales entornos donde los niños adquieren lenguaje, valores y normas sociales”, funciones que antes correspondían a las familias y a las escuelas.

Describió la legislación reciente como un intento de los Estados de reconstruir barreras de protección en torno a la infancia que el entorno digital fue desmantelando. “Los gobiernos empezaron a reconocer que las plataformas digitales no se limitan a transmitir información. Organizan la experiencia social y moldean los hábitos antes que las creencias, y la atención antes que el juicio”, señaló la analista.

La verdadera prueba de la ley azerbaiyana llegará tras su entrada en vigor, cuando se verifique si las restricciones pueden aplicarse en la práctica y si van acompañadas de programas educativos y estructuras de apoyo capaces de transformar conductas, en lugar de solo ocultarlas, señaló Nazarova.