Ucrania investiga a su ex embajadora en Washington por enriquecimiento ilícito

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés) notificó este jueves a Olha Stefanishyna, hasta hace unos días embajadora en Washington, que es sospechosa de un delito de enriquecimiento ilícito. Según el organismo, la ex diplomática ocultó propiedades y otros bienes por un valor equivalente a unos 310.000 dólares, una cifra que sus ingresos oficiales no permiten justificar.

La NABU no mencionó a Stefanishyna por su nombre, como establece la legislación ucrania para los casos en investigación, sino que la identificó a través del cargo que ocupaba cuando presuntamente cometió las irregularidades: viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, puesto que combinó en el pasado con el de ministra de Justicia. El periodo investigado abarca desde comienzos de 2024 hasta mediados de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), que instruye la causa junto al NABU, Stefanishyna es titular de facto de dos apartamentos en el complejo residencial Faina Town, en Kiev, valorados en cerca de 11 millones de grivnas y registrados a nombre de una amistad. La investigación también identificó una vivienda en el exclusivo complejo Lvivska Ploshcha a nombre de su madre, una plaza de aparcamiento y varios locales no residenciales a nombre de su padre, y un Mercedes-Benz GLC 220 registrado a nombre de un subordinado.

Los fiscales calculan que, entre principios de 2024 y mediados de 2025, Stefanishyna percibió ingresos oficiales por unos 3,7 millones de grivnas, mientras que de sus cuentas bancarias salieron alrededor de 4,2 millones de grivnas en ese mismo periodo, una diferencia que la Fiscalía considera indicio de enriquecimiento no declarado. El NABU añadió que la ex funcionaria negociaba además la compra de una vivienda cerca de Kiev valorada en 550.000 dólares, operación de la que finalmente se retiró, presuntamente tras conocer su nombramiento como embajadora.

Un tribunal le impuso como medida cautelar una fianza de seis millones de grivnas, equivalentes a unos 134.000 dólares al tipo de cambio vigente. La Fiscalía evalúa recurrir esa cifra, que considera insuficiente dado el patrimonio atribuido a la investigada.

Stefanishyna respondió a las acusaciones en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, en el que negó cualquier irregularidad y aseguró que nunca tuvo “nada que ocultar”. La ex diplomática señaló también que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a una investigación de este tipo, sin dar más precisiones.

El caso se conoce dos días después de que el presidente Volodímir Zelensky aceptara la dimisión de Stefanishyna como embajadora en Estados Unidos, un cargo que ejercía desde el 27 de agosto de 2025, cuando sustituyó a Oksana Markarova. En su renuncia, presentada esta semana, la diplomática invocó “motivos personales” sin ofrecer más detalles, dos días antes de que trascendiera la investigación en su contra.

La salida de Stefanishyna se produce en medio de la mayor remodelación del Gobierno ucraniano en lo que va de guerra. Zelensky relevó también a la primera ministra Yulia Svyrydenko, sustituida por el hasta entonces director de la petrolera estatal Naftogaz, Serguí Koretski, y renovó la cúpula del Ejército, del Servicio de Inteligencia Exterior y del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. El propio Koretski deberá ahora lidiar con un aparato de Estado sacudido por sucesivos escándalos de corrupción.

La investigación sobre Stefanishyna se suma a una serie de causas abiertas contra antiguos altos cargos del entorno presidencial desde finales de 2025, cuando un escándalo de corrupción vinculado al entonces jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, provocó una primera oleada de destituciones en enero. La reiteración de estos casos ha erosionado la confianza pública en un Ejecutivo que libra al mismo tiempo una guerra contra Rusia y negocia el respaldo financiero y militar de sus socios occidentales.

El desenlace del caso Stefanishyna será observado de cerca por la Unión Europea y Estados Unidos, que condicionan buena parte de su ayuda a Kiev al avance de las reformas anticorrupción. La independencia real del NABU y la SAPO frente a las presiones del poder político, puesta a prueba en episodios recientes, volverá a medirse en las próximas semanas.