
La policía federal de Brasil detuvo este miércoles a Daniel Vorcaro, empresario de 42 años y principal accionista del Banco Master en el marco de una causa que sacude al sistema financiero y político del país.
Las autoridades efectuaron el arresto en el domicilio del empresario en San Pablo, siguiendo una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal.
En simultáneo, agentes realizaron 15 operativos en diferentes puntos del país como parte de una investigación que expuso vínculos entre banqueros, funcionarios judiciales y políticos de alto rango.
El caso comenzó a cobrar notoriedad en noviembre, cuando la entidad fue declarada insolvente y liquidada por el Banco Central de Brasil, lo que dejó un pasivo superior a los USD 7.000 millones y afectó a unos 800.000 inversionistas.
Estos recuperaron sus fondos gracias a un esquema de garantía de depósitos. La quiebra del banco motivó el inicio de una investigación judicial que derivó en la implicación de figuras del poder judicial y del ámbito político.
En la nueva fase de la pesquisa, se descubrió que Vorcaro habría recibido asesoramiento informal de un antiguo director de supervisión del Banco Central, Paulo Sergio Neves de Souza, quien también fue objeto de medidas cautelares y obligado a portar una tobillera electrónica.
La resolución firmada por el magistrado André Mendonça del Supremo Tribunal Federal dispuso la detención preventiva de Vorcaro tras el hallazgo de nuevas pruebas, entre ellas mensajes de texto en los que el empresario habría sugerido organizar una agresión contra un periodista crítico de su accionar.

Mendonça también autorizó la emisión de más de una docena de órdenes de arresto y allanamiento, incluyendo a exfuncionarios del Banco Central como Belline Santana, quien hasta este año ejercía funciones en el área de supervisión bancaria. Tanto Santana como Neves de Souza se apartaron de sus cargos en medio de una investigación interna sobre su conducta.
La liquidación de Banco Master coincidió con el lanzamiento de un operativo policial en noviembre, cuando el propio Vorcaro fue arrestado por primera vez al intentar salir de Brasil en un avión privado, en medio de sospechas de fraude financiero relacionadas con la caída del banco.
Tras ser liberado bajo fianza, el empresario fue obligado a portar un dispositivo de monitoreo electrónico.
Según la investigación, Vorcaro habría gestionado la emisión de títulos de crédito fraudulentos a través del banco, lo que agravó la situación financiera de la entidad y desencadenó la crisis de liquidez identificada por el Banco Central.
La resolución judicial señala que el empresario mantenía una red de colaboradores en el ámbito regulatorio, lo que habría permitido sortear controles y evitar la detección temprana de las irregularidades.
Por su parte, el juez Mendonça calificó los hechos como parte de una organización dedicada al fraude financiero, corrupción de funcionarios públicos y lavado de dinero.

En su declaración ante la policía en 2023, Vorcaro reconoció que contaba con amigos en todos los poderes del Estado, lo que incrementó las sospechas sobre la magnitud de las conexiones involucradas en el caso.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió haber mantenido encuentros con el banquero durante 2024 y aseguró que la investigación continuará hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, la defensa legal de Vorcaro negó rotundamente las imputaciones en su contra y expresó confianza en que el proceso judicial demostrará la regularidad de sus actividades. Hasta el momento, ni Neves de Souza ni Santana respondieron a los pedidos de comentario por parte de la prensa.
Entre los favores atribuidos, Vorcaro habría organizado viajes para Neves de Souza, incluyendo la provisión de guías turísticos en Orlando, Estados Unidos.

Las funciones de Neves de Souza, entre 2017 y 2023, incluían la supervisión de la estabilidad y funcionamiento de las entidades que conforman el sistema financiero brasileño.
El expediente judicial detalla que Vorcaro habría contratado a una persona apodada “sicario” para montar una estructura de vigilancia y recopilación de información sobre personas a las que consideraba adversarios.
(Con información de Reuters y AFP)
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