El caso de genocidio contra Myanmar enfrenta su fase decisiva en la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, inició este lunes el análisis de la acusación contra Myanmar (Birmania) por supuesta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio debido a su “patrón de conducta” hacia la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin. El proceso, que se extenderá hasta el 29 de enero con audiencias públicas y sesiones a puerta cerrada, busca determinar si las autoridades birmanas actuaron con “intención de destruir” a este grupo, como sostiene la denuncia presentada por Gambia en 2019.

Durante la apertura de las audiencias, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, señaló ante la CIJ que Myanmar mantiene “un patrón de conducta” que revela una “intención de destruir” a la minoría rohinyá, describiendo un contexto de “persecución atroz” respaldado por décadas de “propaganda deshumanizante”. Jallow detalló la existencia de operaciones de “limpieza” y políticas dirigidas a borrar la presencia rohinyá en el país, mencionando violaciones “brutales y atroces” como asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas en Rakáin.

El núcleo del caso está en las operaciones militares realizadas en 2016 y 2017, que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. Las autoridades birmanas sostienen que estas acciones tenían como objetivo combatir a grupos armados o terroristas, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian una campaña de limpieza étnica en este país de mayoría budista. Según conclusiones de la ONU en 2018, existen indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a más de 700.000 personas a refugiarse en Bangladés, donde permanecen en condiciones precarias. Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio.

Jallow remarcó ante el tribunal que “no se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional”, sino de “personas reales, de historias reales, de un grupo real de seres humanos: los rohinyá de Myanmar”, y advirtió que han sido sometidos a una situación que ha convertido sus vidas “en una pesadilla”.

La demanda de Gambia ante la CIJ cuenta con el apoyo formal de otros once países y con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). El tratado internacional considera el genocidio un crimen de interés internacional, cuya persecución no depende de que un Estado esté directamente afectado, lo que permitió a Gambia asumir la causa.

Gambia solicita que la CIJ establezca que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales, imponga reparaciones a las víctimas y exija garantías de no repetición por parte de las autoridades birmanas. En una fase provisional del caso, la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, compareció en 2019 ante la CIJ en La Haya para rechazar las acusaciones, calificándolas de “engañosas”, y defendió la posición del Ejército birmano en lo que describió como un conflicto “interno” y “muy complejo”.

En 2020, la CIJ ordenó medidas cautelares, instando a Myanmar a proteger a la población rohinyá. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirman que las violaciones persistieron y que la situación empeoró tras el golpe de Estado militar de 2021. El Ejército de Arakán, que actualmente controla amplias zonas de Rakáin, también ha sido acusado de violencia contra los rohinyá.

No se prevé una sentencia a corto plazo, ya que la CIJ debe deliberar durante varios meses antes de decidir si Myanmar incurrió en responsabilidad por genocidio. La minoría rohinyá, asentada principalmente en Rakáin, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia por parte de las autoridades birmanas, y no es reconocida como grupo étnico nacional ni se le concede la nacionalidad.

Una eventual condena de la CIJ podría tener impacto sobre la definición internacional de genocidio y la carga de la prueba para este tipo de crímenes, generando precedentes para otros casos, como el iniciado por Sudáfrica en 2023 contra Israel por las operaciones militares en la Franja de Gaza.

(Con información de EFE)