Rusia dio un nuevo paso para consolidar el control de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia al conceder una licencia de operación al primer reactor de la planta, una medida que apunta a legalizar la captura y la futura explotación de la mayor instalación nuclear de Europa, ocupada por fuerzas rusas desde 2022.
La licencia fue emitida por la agencia supervisora rusa Rostekhnadzor y autoriza el funcionamiento del primer bloque conforme a la legislación y las normas técnicas rusas, informó Rosenergoatom, filial operadora de la corporación estatal Rosatom, según la agencia oficial TASS.
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Rosenergoatom indicó además que prevé expedir licencias para los otros cinco reactores de la central entre 2026 y 2027, lo que permitiría integrar progresivamente la planta al sistema regulatorio y energético ruso, pese a que Zaporizhzhia continúa siendo reconocida internacionalmente como infraestructura ucraniana.
El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, afirmó que el primer reactor “se encuentra en condiciones técnicas operativas” y que la corporación trabaja para “reanudar la generación de electricidad cuando se cumplan los requisitos de seguridad”, según declaraciones difundidas por medios estatales rusos.
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La central de Zaporizhzhia, situada en el sur de Ucrania, fue ocupada por tropas rusas en los primeros meses de la invasión lanzada en febrero de 2022. Desde entonces, Moscú mantiene el control físico de la instalación, mientras Kiev denuncia su ocupación como ilegal y acusa a Rusia de utilizar la planta como herramienta de presión política y militar.
La obtención de licencias rusas es vista por analistas y autoridades ucranianas como un intento de normalizar una situación creada por la fuerza, en abierta contradicción con el derecho internacional humanitario y con la posición de Naciones Unidas, que reconoce a Zaporizhzhia como parte del territorio soberano de Ucrania.
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido reiteradamente sobre los riesgos de seguridad nuclear en la planta, escenario de combates en sus alrededores, cortes de suministro eléctrico y denuncias cruzadas entre Moscú y Kiev sobre ataques y sabotajes. El organismo mantiene observadores permanentes en la central desde 2022.
La licencia concedida al primer reactor tiene una vigencia de diez años. A ello se suma un permiso emitido en octubre pasado que autoriza el almacenamiento de combustible nuclear gastado en la planta por un período de 25 años, una decisión que refuerza la permanencia a largo plazo de la gestión rusa sobre la instalación.
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Las autoridades rusas sostienen que estas medidas buscan garantizar la seguridad técnica y radiológica de la central. Ucrania, en cambio, acusa a Moscú de utilizar procedimientos administrativos para afianzar una anexión de facto y advierte de los riesgos de operar una planta nuclear en un territorio ocupado y en zona de guerra.
El movimiento ruso se produce además en un contexto en el que el futuro de la central de Zaporizhzhia figura entre los temas más sensibles de cualquier eventual negociación para poner fin al conflicto. Para Kiev, la devolución de la planta es una condición irrenunciable, mientras Moscú avanza en hechos consumados que buscan hacer irreversible su control sobre una de las infraestructuras energéticas más estratégicas del país.
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