
Tras ocho años de conflicto armado, el norte de Mozambique enfrenta su momento más crítico. Desde finales de septiembre, cerca de 100.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la escalada de ataques del grupo yihadista Al-Shabaab en las provincias de Cabo Delgado, Nampula y Niassa (norte). “Este año se ha intensificado aún más. Ya van más del doble de incidentes en comparación con el año pasado”, alerta Sebastián Traficante, coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mozambique, en entrevista con Infobae desde el terreno.
La violencia se ha extendido por primera vez a los 17 distritos de Cabo Delgado, epicentro del conflicto que comenzó en octubre de 2017. Los campamentos de desplazados en Mueda vuelven a llenarse con familias que huyen, muchas de ellas por segunda o tercera vez. “Los campos de desplazados que fueron creados en años anteriores y que poco a poco comenzaban a vaciarse, están nuevamente con oleadas de personas que llegan”, describe Traficante, un argentino que llegó al país africano en marzo y es testigo directo del deterioro.
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El drama se repite: familias enteras caminan durante días para alcanzar la relativa seguridad de lugares como Mueda, donde MSF gestiona tres campamentos principales.
Hacinamiento y riesgo sanitario

Las condiciones en los campos son alarmantes. La falta de infraestructura básica —agua potable, letrinas, saneamiento— se agrava con la proximidad de la temporada de lluvias, que trae consigo el riesgo de brotes de cólera y malaria. “Si las personas, por ejemplo, defecan al aire libre y hay lluvia, ese agua cuando se inunda un poco el campo (...) hay un mayor riesgo de que las personas terminen comiendo algo que esté plantado en el sitio contaminado o que terminen bebiendo agua contaminada”, explica el responsable de MSF.
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Los centros de salud locales “ven cuadruplicada su población” y no pueden hacer frente a la avalancha de desplazados. La organización humanitaria detectó decenas de personas con tratamientos interrumpidos: 56 sin acceso a medicación para el VIH y 10 con tuberculosis sin seguimiento en la comunidad de Nanili.
Trauma acumulado
El impacto psicológico del desplazamiento repetido marca profundamente a la población. MSF ha realizado 148 sesiones de salud mental con más de 1.300 participantes. “Hay un impacto terrible, severo, en el sentido del miedo, de no ser capaz de volver a sus hogares”, señala Traficante. “Encontramos muchos casos con síntomas de ansiedad, de falta de poder dormir bien por las noches”.
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Los testimonios que recogen los trabajadores comunitarios hablan de personas obligadas a presenciar “asesinatos y decapitaciones en las aldeas de donde huyen”. Son traumas que “se graban profundamente”, agrega el coordinador. “Familias que no pueden alimentar a sus hijos, la dificultad de acceso también a la comida, en muchos casos pierden familiares en estos ataques también, o vecinos, o hijos”.
La propia MSF ha tenido que suspender operaciones en Mocímboa da Praia por la inseguridad, una decisión “dificilísima” pero necesaria cuando “el riesgo se torna tan alto para nuestros equipos”, admite Traficante. La organización reclama a todas las partes del conflicto que respeten la vida de los civiles y permitan el trabajo humanitario.
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Una crisis olvidada

Los datos oficiales muestran la magnitud de la emergencia: más de 500 incidentes de seguridad registrados hasta agosto de 2025, la cifra más alta desde que comenzó el conflicto. En 2022, considerado hasta ahora el año más violento, se contabilizaron 435. Desde 2017, más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas en una región rica en gas natural, donde la francesa TotalEnergies mantiene paralizado un proyecto multimillonario desde un ataque en 2021 que causó más de 800 muertos.
“Este es un conflicto que no está en los diarios o que no tiene la atención en general de los gobiernos”, lamenta Traficante. “Lo que no se ve son mejoras, a pesar de todo el tiempo que ha pasado en esta situación, para las poblaciones civiles que son las más afectadas. La violencia continúa y los asesinatos continúan, los secuestros continúan”.
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