Una investigación de la Organización de Naciones Unidas determinó que las fuerzas rusas emplean drones de vigilancia y ataque para acosar y expulsar a civiles ucranianos en las zonas cercanas al frente, una táctica que configura un crimen de lesa humanidad por transferencia forzada de población.
El nuevo reporte, elaborado por la Comisión Independiente Internacional de Investigación sobre Ucrania, será presentado esta semana ante la Asamblea General y recoge testimonios y pruebas audiovisuales de víctimas directas, personal humanitario y autoridades locales.
El documento detalla cómo civiles, en regiones del sur de Ucrania como Kherson, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, han sido rastreados a distancia por drones rusos equipados con cámaras, que posteriormente los han atacado con explosivos o bombas incendiarias cuando intentaban ocultarse.
“Estos ataques forman parte de una política coordinada para vaciar territorios y constituyen el crimen de lesa humanidad de transferencia forzosa de habitantes”, indica el informe de 17 páginas. Entre los casos documentados figura el relato de una mujer perseguida por un dron en Kherson, herida mientras buscaba refugio, y que luego debió abandonar su vivienda tras ataques sucesivos.
“Estos operadores de drones actúan con clara intención: son auténticas cacerías humanas, ya sea en jardines, casas o calles”, afirmó Erik Mose, presidente de la comisión, en declaraciones a la agencia Reuters.
Varios de los videos analizados muestran cómo los propios perpetradores celebran o narran el hostigamiento en tiempo real, incluso refiriéndose a los civiles perseguidos como “objetivos” o “presas”.
El informe detalla que estos ataques no solo buscan matar sino forzar el despoblamiento de las zonas objetivo. En varias aldeas y ciudades sólo permanecen residentes ancianos y personas con discapacidad física, incapaces de huir. Las consecuencias inmediatas han sido el colapso de la vida cotidiana, la privación de acceso a servicios básicos y la desaparición de comunidades enteras en sectores clave del frente.
La comisión advierte además que los drones rusos han atacado frecuentemente ambulancias, equipos de bomberos y otros primeros auxilios.
“Atacan también a quienes intentan socorrer, repiten ataques en zonas donde ya impactaron y han impedido la llegada de ayuda médica indispensable”, precisó Mose. Según el documento, esta serie de acciones responde a una política militar centralizada por parte del Kremlin, que no distingue entre objetivos civiles y militares.
El reporte amplía la escala de crímenes ya señalada por investigaciones anteriores de la ONU: si en mayo se constató que los ataques cubrían un área de 100 kilómetros a lo largo del río Dniéper, ahora la conclusión se extiende a 300 kilómetros en los tres principales oblasts del sur.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la comisión ha recabado más de 200 testimonios personales y ha verificado más de 500 grabaciones de agresiones y desplazamientos forzados.
Como contexto, el informe detalla también la deportación de civiles desde zonas ocupadas bajo control ruso en Zaporizhzhia, que el equipo de la ONU califica como delito de guerra.
También documenta arrestos arbitrarios, violencia física, tortura, privación de bienes y el forzamiento de adultos a marchar a través de zonas de combate para llegar a territorio bajo control ucraniano o, más recientemente, su traslado a Georgia a través de Rusia. Muchos de los deportados han recibido prohibiciones de entrada a territorio ruso que pueden superar las cuatro décadas.
El informe amplía además acusaciones precedentes sobre la deportación de niños ucranianos a territorio ruso, hechos ya señalados en informes previos como crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. Las autoridades de Moscú continúan sin cooperar con la comisión y no han respondido a las denuncias, mientras la ofensiva y las operaciones de desplazamiento en Ucrania persisten.
El reporte incrementa la presión internacional sobre Rusia y refuerza el llamado urgente a la protección de los civiles ucranianos atrapados en zonas de conflicto y en riesgo de expulsión forzada, en lo que la ONU considera una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves de la guerra.
(Con información de Reuters y AFP)
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