La fiscalía de Estambul exigirá largas penas de prisión para siete alcaldes del principal partido de la oposición del país, quienes serán juzgados acusados de pertenecer a una organización criminal, según el escrito de acusación al que AFP tuvo acceso el lunes.
Los siete alcaldes, arrestados entre enero y julio, pertenecen al Partido Republicano del Pueblo (CHP), partido socialdemócrata, que ha sido objeto de investigaciones y arrestos durante el último año.
Se solicita un total de 415 años de prisión para Riza Akpolat, alcalde del distrito estambul de Beşiktaş. Se le acusa de “pertenencia a una organización criminal”, “colusión en licitaciones” y “enriquecimiento ilícito”, según el escrito de acusación. Las penas de prisión en Turquía son acumulativas.
Los otros seis alcaldes, acusados de colusión en licitaciones y aceptación de sobornos, podrían enfrentar hasta 18 años de prisión.
Se solicitarían más de 700 años de prisión para Aziz Ihsan Aktas, empresario acusado de liderar la presunta organización criminal. No se ha anunciado la fecha de inicio del juicio.
En marzo, el alcalde del CHP de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue arrestado y encarcelado por “corrupción”, acusación que él niega.
Imamoglu es considerado el rival más serio del presidente Recep Tayyip Erdogan, y su arresto desató una ola de protestas. El CHP salió victorioso en las elecciones locales del año pasado a expensas de la coalición de Erdogan. Los partidarios de la oposición acusan al gobierno turco de utilizar el poder judicial para reprimir a sus rivales.
Ofensiva contra la oposición
La ofensiva judicial sobre dirigentes del CHP se inscribe en una serie de procedimientos que, según analistas, despejan el terreno político para el Recep Tayyip Erdoğan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). En los últimos meses, se han multiplicado los cargos contra alcaldes de municipios clave, lo que alimenta la percepción de que se trata de una estrategia de desgaste sistemático más que de acciones aisladas de corrupción.
Las investigaciones arrancaron en octubre de 2024 con la detención del alcalde del distrito de Esenyurt en Estambul. Desde entonces se han abierto procesos en al menos media docena de provincias y ciudades con gobiernos locales del CHP, incluidos Estambul, İzmir y Adana.
Los cargos incluyen manipulación de contratos públicos, licitaciones amañadas, sobornos, enriquecimiento ilícito e incluso vínculos con organizaciones terroristas. En el caso del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, las acusaciones han llegado al extremo de anular su título universitario, paso previo para impedir su candidatura presidencial.
Esta campaña judicial se produce justo después de la victoria del CHP en las elecciones locales de 2024, en las que arrebató al AKP alcaldías importantes y avanzó en bastiones tradicionalmente gubernamentales. Analistas del Washington Institute consideran que el Gobierno ve en ese ascenso una amenaza electoral que debe neutralizar.
Los críticos advierten que estas tácticas erosionan los fundamentos democráticos de Turquía: la separación de poderes, la independencia judicial y el pluralismo político están bajo presión en medio de una acción coordinada que mezcla persecución política, judicialización del adversario y reformas institucionales que centralizan el poder.
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