La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió este martes a la Fiscalía General de Venezuela que investigue “las agresiones, amenazas y hostigamiento” que aseguraron enfrentar varios de sus integrantes durante una actividad religiosa celebrada en Caracas, hechos que, según la ONG, se atribuyen a personas identificadas como “afines al chavismo“.
El domingo 6 de octubre, miembros del Comité realizaron una jornada de oración en la Capilla San Antonio, en el oeste de Caracas, para pedir la liberación de los presos políticos. Durante el encuentro, al menos diez personas que vestían ropa con consignas oficialistas intentaron detener la ceremonia. “Nos agredieron verbal y físicamente, profirieron amenazas de encarcelamiento arbitrario y afirmaron tener respaldo de una presunta autoridad municipal para impedir la ceremonia”, denunció la ONG a través de su cuenta en X, según recogió El País.
Los integrantes de la organización documentaron los hechos mediante grabaciones y fotografías que, aseguran, muestran a los presuntos agresores: “Los hechos descritos han sido grabados y ampliamente difundidos en redes sociales y medios digitales, en videos donde se observan claramente los rostros, amenazas y acciones de quienes intentaron impedir la misa, así como la presencia de miembros de grupos paramilitares, llamados ‘colectivos’, vinculados históricamente con hechos de represión y violencia política”, sostuvo la ONG.
Entre los argumentos de los presuntos agresores, señalaron que llamarían a “una supuesta alcaldesa” para interrumpir la celebración religiosa, lo cual, de acuerdo con el Comité, “evidencia una coordinación con figuras de poder para respaldar actos de intimidación contra víctimas y creyentes”.
La ONG subrayó que “las grabaciones constituyen pruebas directas que obligan legalmente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) a abrir una investigación”. Por esa razón, solicitó que la Fiscalía abra una investigación penal de oficio y sancione tanto a los responsables materiales como a los autores intelectuales de lo sucedido el domingo. El Comité también pidió medidas de protección “urgentes” para madres, familiares, amigos y defensores que participen en actos religiosos o reclamen justicia por los privados de libertad.
Según el Foro Penal, otra ONG venezolana, existen actualmente 838 personas a las que considera presos políticos, aunque tanto la dictadura como la Fiscalía rechazan esa cifra y aseguran que ninguno está detenido por motivos políticos.
Durante la misa, la misma organización reportó la presencia de funcionarias de inteligencia que ingresaron al templo: “Presuntas feligresas de la comunidad, en realidad funcionarias de inteligencia infiltradas, ingresaron al templo a grabar y fotografiar a los asistentes, extendiendo así la intimidación al interior de la casa de Dios, violando un espacio sagrado donde se celebraba un acto de fe, esperanza y oración”, denunciaron los activistas.
Hechos similares ya se habían producido en agosto, cuando familiares de personas privadas de libertad que realizaban una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fueron agredidos por grupos identificados como simpatizantes oficialistas, según varias ONG y defensores de derechos humanos. En esa ocasión, la Defensoría del Pueblo confirmó la agresión, aunque declaró que fue perpetrada por “sujetos aún no identificados” e instó a los afectados a formalizar la denuncia ante la Fiscalía.
(Con información de EFE)
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