Amnistía Internacional acusó a China de utilizar su sistema judicial como mecanismo de represión contra la defensa de los derechos humanos, escudándose en leyes de seguridad nacional y orden público catalogadas como “imprecisas” por la organización.
“Las personas que defienden los Derechos Humanos son tratadas como enemigas del Estado”, advirtió Sarah Brooks, responsable de China para Amnistía Internacional.
En su informe titulado “¿Cómo podría este veredicto ser ‘legal’?”, la ONG examinó más de un centenar de documentos judiciales relacionados con 68 casos que evidenciarían el uso de los tribunales como “instrumento de represión” en asuntos “políticamente delicados”.
Según manifestó la organización este miércoles en el informe difundido, en más del 90 % de los casos analizados, los jueces aplicaron disposiciones “imprecisas” y “excesivamente amplias”, en contradicción con normas internacionales.
La ONG señaló que estos cargos permiten la criminalización de la protesta pacífica y establecen una equiparación entre la crítica al régimen y las amenazas a la seguridad nacional.
“Al convertir en delito casi todas las formas de contacto con la comunidad internacional, el Gobierno chino está tratando de aislar del mundo exterior a quienes defienden los Derechos Humanos”, sostuvo Brooks.
Por este motivo, Amnistía Internacional denunció que los tribunales deniegan el acceso a un juicio justo, restringen la defensa legal, imponen prisión provisional prolongada y utilizan la vigilancia domiciliaria en lugares determinados por las propias autoridades.
“Nadie está a salvo”, subrayó Brooks, y citó testimonios que explican que “las autoridades pueden definir cualquier acción como criminal”. La organización instó al régimen chino a revisar o derogar las disposiciones penales consideradas “imprecisas” y “amplias” que penalizan la subversión, así como la ley de seguridad nacional, y a garantizar el derecho a un juicio justo.
Brooks reclamó: “El Gobierno chino debe poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todas las personas recluidas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión”.
El pasado 27 de agosto, la responsable de China para la ONG dijo que “es vergonzosa la inacción de la comunidad internacional a tres años de que la ONU concluyera que China es responsable de violaciones graves de Derechos Humanos en Xinjiang”.
Brooks también remarcó que la “continua crueldad” de las autoridades chinas sigue “arruinando vidas, separando familias y desmantelando comunidades”, en referencia a la situación de quienes permanecen detenidos y sus familiares en busca de justicia.
“Pasó otro año sin que se haga nada. La comunidad internacional debe honrar los llamamientos de los supervivientes y actuar ahora para poner fin a la represión contra los uigures en Xinjiang”, insistió la representante. La región que está al noroeste de China continúa bajo una “férrea represión” dirigida “contra diversas minorías étnicas musulmanas".
Al respecto de la situación con los uigures, el gobierno de Estados Unidos anunció el 19 de agosto el endurecimiento de la vigilancia sobre importaciones chinas, con especial atención a productos como acero, cobre y litio, en respuesta a los abusos de derechos humanos contra la minoría uigur.
“La utilización de mano de obra esclava es repulsiva y haremos que las empresas chinas rindan cuentas por los abusos y eliminaremos las amenazas que sus prácticas de trabajo forzoso suponen para nuestra prosperidad”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, en su canal oficial.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en X, la lista de materiales sometidos a mayor escrutinio se amplía, incluyendo la soda cáustica y los dátiles rojos bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur.
(Con información de Europa Press y EFE)
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