El tribunal de apelaciones del Vaticano notificó el cierre definitivo de los intentos de la fiscalía por revertir las absoluciones de alto perfil emitidas en el llamado “Juicio del Siglo”, en el que un cardenal y otros nueve acusados enfrentaron cargos por presunta malversación de decenas de millones de euros pertenecientes a la Iglesia católica.
La resolución del tribunal, basada en la inadmisibilidad de los recursos fiscales, ratifica las sentencias absolutorias dictadas en diciembre de 2023, que tuvieron amplia repercusión internacional, según informó AP.
El proceso judicial está vinculado a una millonaria operación inmobiliaria por parte de la Santa Sede para adquirir una propiedad en Sloane Avenue, Londres, con un desembolso de 350 millones de euros (USD 410 millones).
Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que la adquisición derivó en un entramado financiero de pérdidas debido a la supuesta manipulación de los acusados, todos ellos, figuras de peso en la curia romana. Sin embargo, el tribunal de primera instancia desestimó la existencia de un gran plan criminal y descartó la mayor parte de los cargos de fraude y conspiración.
Esta decisión representa una victoria significativa para la defensa, que siempre cuestionó la solidez de la investigación fiscal y la vinculó a intereses ajenos al ámbito judicial. Angelo Becciu, el cardenal principal imputado, afirmó tras el fallo que, si bien el proceso sigue abierto, el resultado es una señal alentadora.
De los diez investigados inicialmente, Becciu y otros ocho acusados fueron declarados responsables únicamente de cargos menores relacionados con la gestión financiera, mientras que las acusaciones más severas no prosperaron.
La fiscalía intentó anular esas absoluciones, pero el tribunal de apelaciones, conducido por el arzobispo Alejandro Arellano Cedillo, declaró inadmisible el recurso por falta de rigor y uso de argumentos anteriormente rechazados.
El magistrado Arellano Cedillo reafirmó: “La acusación fantasiosa de fraude en Sloane Avenue ha sido definitivamente enterrada”, declaración emitida en un comunicado de los abogados Massimo Bassi y Cataldo Intrieri, representantes del funcionario vaticano Fabrizio Tirabassi, y difundido por AP.
La defensa anticipó que continuará con acciones legales para reducir o anular los cargos vigentes, mientras que la fiscalía no realizó comentarios tras conocerse el fallo.
The Catholic Herald profundizó en la etapa recursiva, subrayando como aspecto central el manejo de la investigación y los vínculos entre acusadores y testigos claves.
Emergieron cuestionamientos sobre el accionar del fiscal principal, Alessandro Diddi, tras la filtración de miles de mensajes de chat y grabaciones que evidencian intercambios entre Diddi, dos mujeres vinculadas al caso, y el testigo principal, monsignor Alberto Perlasca.
Los mensajes apuntan a presiones y ofrecimientos de garantías a Perlasca para que declarara en línea con la teoría de la fiscalía. Perlasca, quien inicialmente figuraba como sospechoso, nunca fue acusado formalmente y luego fue el principal testigo.
El tribunal, liderado por Arellano Cedillo, otorgó tres días al fiscal Diddi para decidir si se aparta voluntariamente del proceso. De persistir, el caso pasará a la Corte de Casación del Vaticano, encabezada por el cardenal Kevin Farrell.
“Ya no es el juicio del siglo”, ironizó Mario Zanchetti, representante de Gianluigi Torzi, en declaraciones a AP.
El saldo económico por el fallido negocio inmobiliario se estima, según The Catholic Herald, en pérdidas para la Santa Sede próximas a 139 millones de euros, consecuencia de la depreciación y la polémica asociada a la adquisición londinense.
(Con información de AP)
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