Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

El enfrentamiento más reciente entre el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y la principal fuerza opositora de Turquía estalló el lunes en la sede provincial del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Estambul. La policía antidisturbios irrumpió en el edificio con gas lacrimógeno y spray pimienta para abrirle paso a Gursel Tekin, designado por un tribunal como nuevo presidente interino del partido en la ciudad, mientras legisladores opositores levantaban barricadas con mesas y sillas para impedir su ingreso.

El caos reflejó un pulso más amplio: una ofensiva judicial y policial contra el CHP, que lleva casi un año y ha derivado en centenares de detenciones, incluido el arresto en marzo del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Su captura desató las mayores protestas que el país ha visto en más de una década y colocó a la oposición en una posición de resistencia casi permanente frente al poder presidencial.

El origen inmediato de la crisis fue un fallo del tribunal número 45 de Estambul, que la semana pasada declaró nulo el congreso provincial del CHP de 2023, citando irregularidades, y desplazó a Ozgur Celik, hasta ahora jefe en Estambul. En su lugar, los jueces nombraron a Tekin, un ex diputado del CHP que había sido expulsado de la formación días antes. La dirección opositora calificó el fallo de “nulo y sin valor” y se negó a aceptar la decisión.

La policía rodeó el edificio desde la noche del domingo, erigió barricadas y, en paralelo, el gobernador de Estambul anunció una prohibición de manifestaciones por tres días. A la mañana siguiente, seguidores del partido comenzaron a congregarse en las inmediaciones. En cuestión de horas, las autoridades restringieron el acceso a redes sociales como X, Instagram, YouTube, WhatsApp y Facebook, según confirmó el observatorio de internet NetBlocks.

El ambiente dentro del edificio era de resistencia improvisada. Más de 50 parlamentarios opositores ocuparon oficinas y bloquearon el acceso con muebles apilados. “Hoy no solo intentan desalojar este edificio de los simpatizantes del CHP, en realidad buscan desmantelar la democracia”, declaró en una transmisión en vivo por X el diputado Gokhan Gunaydin, atrincherado tras una puerta bloqueada.

Los agentes finalmente irrumpieron en la sede política. Escenas de caos se vivieron en el lugar: funcionarios y militantes salieron con los ojos irritados y tosiendo tras ser afectados por el uso de gases lacrimógenos. Tekin, en contraste, fue filmado después sentado en una sala destinada a periodistas, atendiendo llamadas telefónicas bajo fuerte custodia policial.

“Mi intención no es escalar las tensiones”, dijo Tekin a reporteros en la entrada. “Haremos todo lo que esté en nuestro poder para poner fin a los problemas legales a los que nuestro partido ha sido sometido en los pasillos de los tribunales”. Sus palabras no bastaron para disipar la indignación entre los presentes, que lo recibieron con abucheos.

Desde el gobierno, Erdogan defendió la actuación de los tribunales y endureció el tono. “Nadie en Turquía está por fuera del alcance de la ley. Criticar decisiones judiciales es una cosa; ignorarlas es otra. No reconocerlas es un desafío flagrante al Estado de derecho. Eso no será tolerado”, afirmó tras una reunión de gabinete.

El CHP anunció poco después que clausuraba formalmente su sede provincial en Estambul en señal de rechazo y trasladaba sus operaciones a otro edificio. Fue un gesto simbólico de resistencia frente a lo que considera una intervención política de parte del Ejecutivo.

La represión contra el partido opositor se ha centrado en acusaciones de corrupción en municipios que controla, cargos que la organización niega tajantemente. “Nos oponemos al gobierno que nos está robando el derecho al voto y deteniendo a quienes elegimos”, dijo Tulay Ozbay, una manifestante entrevistada durante las protestas. El Ejecutivo sostiene que los jueces actúan de forma independiente y que los opositores deben someterse a las resoluciones.

La ofensiva tiene consecuencias más allá de la política partidaria. El lunes, el principal índice bursátil de Estambul cayó 3 por ciento, en parte por la percepción de mayor riesgo político, señalaron analistas financieros. Los mercados ya habían reaccionado con pérdidas la semana anterior, cuando trascendió el fallo judicial contra el CHP.

Ekrem Imamoglu, el alcalde arrestado en marzo, era considerado el rival más serio de Erdogan desde que arrebató la alcaldía de Estambul al oficialismo en 2019. Su detención encendió una ola de protestas callejeras que recordó las manifestaciones de Gezi en 2013, y marcó el inicio de un ciclo de confrontación abierto que no ha cesado.

Ahora, la atención se dirige a Ankara, donde otro tribunal debe pronunciarse en las próximas semanas sobre la validez del congreso nacional del CHP, en el que fue elegido Ozgur Ozel como líder del partido. Un fallo adverso podría incluso devolver el mando a Kemal Kılıcdaroglu, ex líder criticado por su tibieza frente al gobierno.

Gursel Tekin, figura histórica del CHP, fue secretario general y vicepresidente antes de distanciarse de la actual cúpula. Su regreso de la mano de un tribunal, tras ser expulsado del partido, es leído por la oposición como parte de un dispositivo más amplio para someter a la disidencia.

Lo que está en juego, coinciden observadores internacionales, es más que una disputa por un edificio o un cargo interino: se trata de la capacidad de la oposición de sostenerse como alternativa política en un sistema cada vez más centralizado en torno a Erdogan, quien gobierna Turquía desde hace más de dos décadas.