La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Las tensiones en Yemen volvieron a escalar este domingo, cuando fuerzas hutíes irrumpieron en instalaciones de Naciones Unidas en Saná y Hudeida, secuestraron a por lo menos once empleados y confiscando bienes de la organización.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, denunció lo ocurrido. “Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU hoy en Saná y Hudeida... así como la entrada forzada en las instalaciones de la ONU y la incautación de bienes de la organización. Al menos 11 miembros del personal de la ONU fueron detenidos”, afirmó, exigiendo que los trabajadores fueran liberados “de inmediato y sin condiciones”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el domingo su indignación por el secuestro de los trabajadores. 

“Condeno enérgicamente las detenciones arbitrarias, el 31 de agosto, de al menos 11 funcionarios de las Naciones Unidas por parte de las autoridades de facto hutíes en Yemen en zonas bajo su control”, declaró en un comunicado. 

“Condeno además el allanamiento forzoso a las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos, la confiscación de bienes de la ONU y los intentos de ingresar a otras instalaciones de la ONU en Saná”, agregó.

El ataque más reciente tuvo como blanco oficinas de varias agencias, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que confirmó la detención de uno de sus miembros en Saná. Una portavoz de la entidad describió la situación como “inaceptable” y advirtió que tales acciones ponen en riesgo la capacidad de atender a millones de yemeníes en situación de inseguridad alimentaria. Otras agencias, como la OMS y UNICEF, también reportaron la desaparición forzada de parte de su personal.

El incidente no es aislado. En los últimos dos años, la relación entre los hutíes y el sistema humanitario internacional se ha deteriorado drásticamente. Según Human Rights Watch, hacia finales de 2024 al menos 17 empleados de Naciones Unidas y decenas de activistas de la sociedad civil fueron detenidos sin órdenes judiciales, incomunicados durante meses y en condiciones que vulneraban estándares básicos de derechos humanos. Algunos de ellos siguen desaparecidos, lo que ha generado alarma.

La ONU ya había elevado el tono en junio de este año, cuando los responsables de varias agencias y organizaciones no gubernamentales reclamaron en un comunicado conjunto la liberación de 23 trabajadores de la ONU y cinco de ONG internacionales, algunos retenidos desde hacía más de doce meses. En ese mismo documento se confirmó la muerte bajo custodia de un miembro de la ONU y otro de Save the Children, lo que subrayó la gravedad de la situación yemení.

La muerte de otro empleado del Programa Mundial de Alimentos en prisión, ocurrida semanas atrás, obligó a suspender operaciones humanitarias en gran parte del norte del país. Naciones Unidas denunció entonces la falta de explicaciones y reclamó que los responsables rindieran cuentas. El nuevo episodio amenaza con paralizar lo poco que aún quedaba activo en materia de asistencia en zonas controladas por los hutíes.

El gobierno de facto instalado en Saná no ha emitido comentarios oficiales sobre los arrestos, pero diplomáticos en la región señalan que la ofensiva contra el personal humanitario coincide con la creciente presión militar y política en torno a los hutíes. Hace pocas semanas, un bombardeo israelí mató al primer ministro del grupo, Ahmed al-Rahawi, junto con varios ministros de su gabinete, lo que agudizó tensiones en la capital y alimentó un clima de represalia contra actores extranjeros, incluida la ONU.

Grundberg, diplomático sueco con experiencia en procesos de paz complejos, fue designado como enviado especial en 2021. Ha encabezado los intentos de mediación entre el movimiento hutí, respaldado por el régimen de Irán, y el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, apoyado por Arabia Saudita. Bajo su gestión, en 2023 se alcanzaron compromisos parciales hacia un cese al fuego. Sin embargo, los avances han quedado en suspenso mientras se multiplican las detenciones de personal humanitario.

El conflicto en Yemen, que comenzó en 2014 tras la toma de Saná por los hutíes, se ha convertido en una guerra prolongada con graves consecuencias humanitarias. Naciones Unidas la califica como una de las peores crisis del planeta: más de 21 millones de personas dependen de asistencia humanitaria y alrededor de 17 millones enfrentan inseguridad alimentaria severa. La interferencia en el trabajo de las agencias internacionales agrava aún más ese panorama.

Los ataques a la ONU también envían un mensaje político. Para analistas, los hutíes buscan reafirmar control sobre el territorio y presionar a la comunidad internacional en un momento en que el conflicto regional, incluido el avance de Israel en Gaza y el papel de Irán en distintos frentes, repercute directamente sobre Yemen. La ONU ha advertido que el país no puede convertirse en “un campo de batalla para un conflicto geopolítico más amplio”.

Mientras tanto, familiares de los detenidos viven entre la incertidumbre y el miedo. Desde hace meses, abogados y parientes denuncian la falta de información sobre el paradero de algunos trabajadores, así como la negativa de los hutíes a permitir visitas o contacto telefónico.

El personal humanitario que continúa en el terreno se encuentra bajo una presión extrema. Varios organismos han ordenado limitar los desplazamientos y reducir operaciones en áreas sensibles, con el riesgo de que comunidades enteras queden sin asistencia básica.