El gobierno de Brasil rechazó este miércoles las sanciones impuestas por Estados Unidos al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo. Washington aplicó dichas sanciones amparándose en la ley Global Magnitsky, que castiga a personas vinculadas a violaciones de derechos humanos o corrupción.
En su comunicado, el jefe de la Agencia Brasileña de Defensa Legal del Estado (AGU), Jorge Messias, calificó la medida como “arbitraria e injustificable” y advirtió que representa “un grave e inaceptable ataque a la soberanía de nuestro país”. Además, anunció que Brasil tomará “medidas” para responder a esta decisión “en los foros y momentos adecuados”.
La administración estadounidense acusa a Moraes de liderar “una campaña opresiva de censura” y de promover “juicios politizados”, entre ellos el del ex mandatario Bolsonaro. Por su parte, el magistrado brasileño Flávio Dino defendió la actuación de Moraes al afirmar que él “está simplemente haciendo su trabajo de manera honesta y dedicada, conforme a la Constitución de Brasil”. Cabe recordar que el juez también ha sido blanco de críticas internacionales por suspender el año pasado la red social X en Brasil, tras su negativa a acatar órdenes judiciales contra la desinformación.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos del juez en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país. Estas medidas se suman a la revocación de la visa de Moraes, ocurrida el pasado 18 de julio y criticada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Moraes “ha investigado, perseguido y reprimido a quienes han participado en discursos que están protegidos por la Constitución de Estados Unidos, sometiendo repetidamente a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Moraes “se ha arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”.
El caso judicial contra Bolsonaro, previsto para resolverse en las próximas semanas, podría derivar en una condena cercana a los 40 años de prisión por la presunta intentona golpista de 2022.
En paralelo, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, ha impulsado una campaña en Estados Unidos para defender a su padre y presionar por la reversión de las sanciones. “Estamos muy agradecidos y exhortamos a los demás líderes del mundo libre a unirse a los Estados Unidos”, manifestó en la red social X.
Desde Brasil, la ministra para las relaciones institucionales, Gleisi Hoffmann, expresó el “repudio total del gobierno Lula” frente a las sanciones contra Moraes.
(Con información de AFP)
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