Torturas y desapariciones: la ONU denunció un nuevo retroceso en materia de derechos humanos en Venezuela

El alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, alertó sobre decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de tortura en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2024 y 2025

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk. 15 de enero de 2025. (REUTERS/Yamam Al Shaar)
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk. 15 de enero de 2025. (REUTERS/Yamam Al Shaar)
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Las libertades fundamentales en Venezuela han experimentado un marcado retroceso durante los años 2024 y 2025, especialmente en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en ese periodo. Así lo afirmó este viernes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

Durante la presentación de un informe oral actualizado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk denunció que numerosas personas “han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.

El alto comisionado detalló que, en el contexto de la campaña previa a los comicios parlamentarios y regionales de mayo y junio, unas 70 personas fueron arrestadas, entre ellas líderes opositores, activistas de derechos humanos y 17 ciudadanos extranjeros, acusados de tener vínculos con grupos terroristas.

En relación con estas detenciones, Türk fue enfático al señalar que “la legislación antiterrorista de Venezuela y su aplicación no se ajustan a las normas ni al derecho internacional”, destacando que la mayoría de los acusados por delitos relacionados con terrorismo enfrentan procesos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales.

Desde mayo de 2024, la oficina del alto comisionado ha registrado al menos 32 casos de tortura y malos tratos a personas bajo custodia, entre ellos 15 menores de edad. Además, se documentaron 28 desapariciones forzadas posteriores a las elecciones presidenciales, incluidas 12 personas extranjeras.

Foto de archivo que muestra a la esposa del periodista Carlos Julio Rojas, Francis Fernández, en una protesta para exigir la libertad de su familiar detenido, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña
Foto de archivo que muestra a la esposa del periodista Carlos Julio Rojas, Francis Fernández, en una protesta para exigir la libertad de su familiar detenido, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña

Otra de las preocupaciones expresadas por Türk fue la aprobación de una nueva ley sobre ONG en noviembre, la cual ha provocado el cierre de varias organizaciones civiles que operaban en el país.

A esto se suma el agravamiento de la crisis económica, vinculado al retiro de operaciones de la estadounidense Chevron, la última empresa petrolera extranjera de relevancia que seguía activa en Venezuela. Según el alto comisionado, “los venezolanos ya están sintiendo el impacto de esta decisión, que ha contribuido a la hiperinflación”, y recordó que el salario mínimo mensual continúa estancado desde 2022 en 130 bolívares, lo que representa menos de un dólar estadounidense.

En su intervención, Türk pidió a las autoridades venezolanas que pongan fin a las desapariciones forzadas y a otras violaciones de derechos humanos, además de exigir la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos “los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres”.

Asimismo, reiteró su llamado para que se levanten las sanciones internacionales que afectan el acceso a servicios esenciales como la salud y los alimentos, ya que, según advirtió, perjudican de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.

Finalmente, Türk también se refirió a las recientes deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos y renovó su exhortación al Gobierno de Donald Trump para que las suspenda, respetando el debido proceso, las decisiones judiciales y la protección de los menores.

(Con información de EFE)

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