El Parlamento de Hungría aprobó este lunes una nueva enmienda a la Constitución impulsada por el primer ministro Viktor Orbán, que consagra el binarismo de género como principio constitucional, al tiempo que refuerza la protección de los menores por encima de otros derechos fundamentales. La medida recibió 140 votos a favor y 21 en contra, y fue criticada por organizaciones civiles, sectores académicos y legisladores opositores que la califican como otro paso hacia el autoritarismo por parte del gobierno populista.
El nuevo texto constitucional afirma que solo existen dos sexos biológicos, “hombre” y “mujer”, lo que dificultará los procedimientos legales y médicos de reasignación de sexo, en particular para las personas transgénero. La modificación amplía una enmienda anterior que prohíbe la adopción por parte de parejas del mismo sexo, al afirmar explícitamente que la madre es una mujer y el padre es un hombre.
Según una declaración oficial del portavoz gubernamental Zoltán Kovács, el cambio “no es un ataque a la autoexpresión individual, sino una aclaración de que las normas legales se basan en la realidad biológica”.
La enmienda también codifica en la Constitución que el derecho de los niños a la protección física, mental y moral prevalece sobre otros derechos fundamentales, como el de reunión, con excepción del derecho a la vida, según informó la agencia local Index. Además, incorpora como principio legal la prohibición de representar o promover la homosexualidad entre menores de 18 años, reforzando así la polémica legislación de Orbán de “protección infantil”.
En paralelo, el texto legal prohíbe la producción, uso y distribución de drogas, e introduce la posibilidad de suspender por hasta 10 años la ciudadanía húngara a personas con doble nacionalidad que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Juristas han calificado esta medida como una herramienta de carácter discrecional.
La enmienda codifica una ley aprobada en marzo que prohíbe los eventos públicos organizados por comunidades LGTBQ+, incluyendo la Marcha del Orgullo de Budapest, que cada año atrae a miles de personas. La normativa permite el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes y establece multas de hasta 200.000 florines húngaros [aproximadamente 546 dólares].
Esta es la decimoquinta enmienda constitucional desde que el partido Fidesz, liderado por Orbán, redactó y aprobó unilateralmente la Carta Magna en 2011. Desde entonces, el Gobierno ha promovido múltiples reformas orientadas a limitar la visibilidad de las personas LGTBQ+, restringir la educación sexual en centros escolares y ampliar la autoridad del Estado en temas culturales y de seguridad.
Protestas y críticas que marcan la jornada parlamentaria
Durante la jornada parlamentaria de este lunes, se registraron protestas en los alrededores del edificio legislativo. Activistas del Movimiento Momentum y diputados opositores intentaron bloquear el acceso a un aparcamiento del Parlamento atándose con bridas, pero fueron desalojados por la policía. Dentro del hemiciclo, legisladores opositores utilizaron bocinas de aire para interrumpir la sesión antes de la votación definitiva.
El diputado opositor Dávid Bedő, del partido Momentum, que participó en el intento de bloqueo, declaró que durante los últimos 15 años, Orbán y Fidesz “han estado desmantelando la democracia y el Estado de derecho, y en los últimos dos o tres meses, vemos que este proceso se ha acelerado”. Según Bedő, las reformas buscan reforzar al oficialismo de cara a las elecciones de 2026, en las que el partido gobernante se encuentra por detrás en las encuestas ante el ascenso de un nuevo bloque opositor. “Harán todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el poder”, aseguró.
El abogado Dánel Döbrentey, de la Unión Húngara de Libertades Civiles, calificó la enmienda como “pura propaganda”, al afirmar que “todo este esfuerzo que vemos emprendido por el gobierno no tiene nada que ver con los derechos de los niños”. Añadió que el mensaje del Gobierno hacia las personas trans e intersexuales es claro: “Se trata, definitiva, pura y estrictamente, de humillar a las personas y excluirlas, no solo de la comunidad nacional, sino incluso de la comunidad de seres humanos”.
El Gobierno refuerza su discurso contra críticos
Desde el Ejecutivo, se ha defendido la reforma como parte de una estrategia para proteger a los menores de la “ideología woke” y la “locura de género”. Orbán, quien se autodefine como “antiliberal”, ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y activistas anticorrupción.
En un discurso pronunciado en marzo, el mandatario comparó a sus críticos con insectos y prometió “eliminar al ejército en la sombra” compuesto por “políticos, jueces, periodistas, pseudo-ONG y activistas políticos” que, según él, reciben financiación del extranjero.
La aprobación de esta enmienda ha reavivado las críticas internacionales sobre el retroceso democrático en Hungría y la concentración de poder en torno al liderazgo de Orbán.
(Con información de AP/ Europa Press)
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