La corrupción retrasó la expulsión de 92 líderes del narco a Estados Unidos, afirma Harfuch

Un macro-operativo ejecutado en estricto sigilo durante el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum logró tomar el control definitivo de diversos Centros Penitenciarios Federales, resultando en la extracción y expulsión de 92 objetivos prioritarios del crimen organizado. Esta intervención, calificada como una de las más grandes y complejas en la historia reciente del país, puso fin a décadas de impunidad donde líderes criminales operaban desde sus celdas protegidos por redes de corrupción estructurales.

La revelación de este histórico movimiento fue realizada este 4 de noviembre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en el marco de la ceremonia de entrega de Reconocimientos a Agentes de Investigación de la dependencia. Durante su mensaje institucional, el funcionario federal destacó que este logro monumental pasó prácticamente desapercibido en el radar mediático debido al éxito de su ejecución táctica, la cual se distinguió por una total ausencia de filtraciones.

“Un ejemplo también de valentía, que casi nunca se les reconoce son los compañeros y compañeras del Sistema Penitenciario que hicieron un operativo enorme, en el primer año del sexenio de esta administración, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde lograron controlar, con ayuda de ustedes por supuesto, Centros Penitenciarios Federales y lograr expulsar a 92 objetivos prioritarios, muchos de ellos que llevaban hasta 40 años sin lograr ser extraditados, u otros tres o cuatro sexenios, sin lograr ser extraditados, sólo por una cosa, por corrupción”, señaló Harfuch.

El operativo representó un esfuerzo de coordinación sin precedentes, diseñado para neutralizar a criminales de alto perfil que, en algunos casos, acumulaban hasta cuarenta años evadiendo procesos de extradición. Estos individuos habían logrado sortear las acciones de la justicia durante tres o cuatro sexenios consecutivos, valiéndose de sobornos, amenazas y el control fáctico que ejercían sobre los penales de máxima seguridad.

El desmantelamiento de un sistema de complicidades

De acuerdo con el titular de la SSPC, la permanencia inamovible de estos 92 objetivos en los penales mexicanos se debía a un solo factor: la corrupción. Durante décadas, las estructuras penitenciarias habían sido vulneradas, permitiendo a estos líderes mantener operaciones, retrasar indefinidamente sus traslados internacionales y someter a las autoridades carcelarias locales.

Para revertir esta situación, el Gobierno de México orquestó un despliegue masivo en el que intervinieron exclusivamente fuerzas federales mexicanas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina) brindaron un respaldo operativo y perimetral contundente, mientras que la SSPC y las autoridades del Sistema Penitenciario Federal ejecutaron la extracción directa en los pabellones.

García Harfuch hizo especial énfasis en la valentía demostrada por las y los trabajadores del Sistema Penitenciario, quienes enfrentaron riesgos inmensos al organizar y participar en este operativo de despresurización. El funcionario reconoció públicamente el esfuerzo y el liderazgo de elementos clave dentro del sistema, subrayando que estos servidores públicos vivían bajo amenazas constantes de muerte a escasos centímetros de los reclusos que finalmente lograron someter y expulsar.

Hermetismo táctico y control institucional

Uno de los aspectos más relevantes destacados en el informe oficial fue el nivel de secrecía con el que se manejó la operación. En un país donde las filtraciones de información han frustrado históricamente capturas y traslados de capos del narcotráfico, el éxito de la movilización de 92 objetivos simultáneos o consecutivos sin que existiera una sola fuga de datos marca un parteaguas en los protocolos de inteligencia del Estado mexicano.

Este hermetismo es el resultado directo de la nueva dinámica de trabajo impuesta desde el Ejecutivo. La actual estrategia de seguridad, delineada y supervisada diariamente por la Presidenta de la República, ha priorizado la inteligencia y la investigación como ejes centrales para desarticular las capacidades logísticas de los grupos delincuenciales. Al centralizar las directrices y exigir resultados mediante reuniones diarias a las seis de la mañana, el gobierno federal ha logrado cerrar las brechas de comunicación que antes permitían a los criminales anticiparse a los operativos.

La extracción de estos casi cien líderes criminales de las prisiones federales no solo facilita el cumplimiento de tratados internacionales en materia de extradición, sino que corta de tajo las líneas de mando que estos individuos mantenían con sus estructuras en el exterior. Con esta acción, las autoridades aseguran haber dado un golpe definitivo a la gobernabilidad criminal que durante décadas asfixió a las instituciones penitenciarias, devolviendo el control absoluto al Estado y sentando un precedente de que no existen perfiles intocables dentro de los muros carcelarios del país.