
El ya ex presidente Yoon Suk-yeol ofreció este viernes una disculpa pública tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que aprobó de forma unánime su destitución definitiva, cerrando así un proceso que ha mantenido al país en vilo durante más de tres meses.
“Lamento profundamente no haber podido estar a la altura de sus esperanzas y expectativas”, expresó Yoon a través de un comunicado difundido por sus abogados. También calificó su paso por la presidencia como “el mayor honor de su vida”.
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La decisión del Tribunal se tomó con el voto a favor de los ocho jueces en funciones, superando el mínimo requerido de seis para validar el impeachment aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre pasado.
Desde entonces, Yoon se encontraba suspendido de sus funciones por haber declarado ley marcial, una acción considerada inconstitucional por la mayoría de los sectores políticos y sociales del país.
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Con este fallo, Corea del Sur deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días, en un ambiente político marcado por una profunda polarización y movilización ciudadana. El proceso de destitución fue acompañado por protestas masivas, tanto a favor como en contra del ex presidente, y por encuestas que reflejaban un 60 % de apoyo popular a su salida del poder.
Reacciones tras el fallo
Poco después del anuncio, el Partido del Poder Popular (PPP), fuerza gobernante hasta ahora, emitió un comunicado en el que manifestó su respeto a la decisión judicial.
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“Aunque es lamentable, el PPP acepta solemnemente y respeta con humildad la decisión del Tribunal Constitucional”, declaró su líder interino, Kwon Young-se, quien además reconoció que el partido no cumplió con su rol como fuerza de gobierno.
“Asumimos plena responsabilidad”, añadió.

Sin embargo, Kwon también acusó al Partido Democrático (PD), que controla la Asamblea Nacional, de ejercer “tiranía política” durante el proceso. A su juicio, el impulso de la destitución por parte del bloque opositor fue una muestra de desequilibrio institucional. Aun así, insistió en que el fallo debe acatarse como mecanismo para preservar “la democracia y el Estado de derecho”.
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Por su parte, el presidente interino Han Duck-soo, quien retomó el mando tras la suspensión de Yoon, aseguró en un discurso televisado que garantizará la estabilidad institucional en esta nueva etapa.
“No habrá vacíos en materia de seguridad nacional ni en asuntos exteriores”, afirmó. También se comprometió a mantener el orden público y asegurar la continuidad de temas prioritarios como las disputas comerciales que enfrenta el país.
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Desde el Partido Democrático, principal fuerza opositora, las reacciones fueron de satisfacción.
“Hoy es un día histórico en el que defendimos la Constitución y salvaguardamos la democracia contra las fuerzas que intentaron destruirla”, declaró el diputado Cho Seung-rae, portavoz del partido.
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Agradeció al pueblo surcoreano por su papel en el proceso y aseguró que la decisión representa “una gran victoria para la ciudadanía”.
El Partido Democrático ha sido crítico constante del mandato de Yoon, especialmente desde la declaración de ley marcial del pasado 3 de diciembre, en la que el entonces presidente ordenó el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional y trató de impedir un voto legislativo. El hecho fue considerado por amplios sectores políticos, sociales y jurídicos como un intento de subversión del orden democrático.
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La destitución de Yoon pone fin a más de 100 días de incertidumbre institucional en Corea del Sur, un país que ahora se enfrenta a una de sus elecciones presidenciales más sensibles desde el retorno de la democracia en los años 80. En paralelo, Yoon sigue enfrentando cargos penales por insurrección, relacionados con su intento fallido de imponer la ley marcial, por lo que su futuro legal permanece incierto.
La salida de Yoon se convierte en la segunda destitución presidencial en la historia del país, después de la caída de Park Geun-hye en 2017. El caso de Yoon, sin embargo, ha generado una respuesta social más amplia y ha reactivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en una democracia constitucional.
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(Con información de EFE)
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