La Asamblea Nacional francesa debatió este martes si incluir el ‘no consentimiento’ sexual en la definición del delito de violación, a través de una proposición de ley que responde a casos como el de Gisèle Pelicot, quien fue drogada durante años por su marido, quien la ofrecía a numerosos hombres para que también la violasen.
El texto fue aprobado en comisión parlamentaria el pasado enero, después del impulso por parte de la ecologista Marie-Charlotte Garin y la macronista Véronique Riotton, tras más de un año de audiencias con expertos, profesionales y asociaciones de apoyo a las víctimas.
Garin, que es además la presidenta de la comisión, defendió hoy desde la tribuna que el objetivo es “marcar la barrera entre sexualidad y violencia”, lo que conlleva un “gran trabajo técnico” debido a que “la materia penal es muy sensible”.
“Nuestra definición de agresión sexual no cumple su función, es represiva y favorece a los agresores (...) cuya intimidación queda frecuentemente impune”, añadió la macronista Riotton.
La justicia francesa solo contempla la violencia, coacción, amenaza y sorpresa como supuestos que prueban una violación y, después de casos mediáticos en los que la voluntad de la víctima se vio anulada por sumisión química u otras formas de aturdimiento, las cortes decidirán si incluir la falta de consentimiento como elemento sustancial del delito.
La ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bérge, se mostró favorable a un cambio en la ley francesa y recordó las lecciones aprendidas con el caso Pelicot, en el que los 51 agresores residían a escasos kilómetros de la casa de la víctima.
“La cultura de la violación se construye con su silencio y su complicidad”, denunció durante su intervención, en la que reivindicó la necesidad de explicitar que “consentir no es no decir no, sino decir sí libremente”.
La sentencia de este proceso, en el que Gisèle Pelicot renunció a su anonimato y se convirtió en un símbolo feminista, se recibió con decepción en gran parte del público francés, que vio cómo, aunque Dominique recibió la pena máxima prevista, de 20 años de prisión, el resto de los 50 acusados fueron condenados entre tres y 12 años, y seis de ellos fueron puestos en libertad.
El texto que se debate redefine el consentimiento como una aprobación explícita, libre, revocable y que no se puede deducir del silencio o la falta de resistencia de la persona.
La que sería la ley del ‘solo sí es sí’ francesa, en caso de aprobarse en la Asamblea y, posteriormente, en el Senado, divide enormemente a la judicatura y al movimiento feminista por la posibilidad de que la investigación se centre en el comportamiento de la víctima y no en la estrategia intimidatoria del agresor.
El Consejo de Estado, la máxima jurisdicción en el ámbito administrativo, recordó, el pasado 6 de marzo, que la jurisprudencia francesa establece que la coacción y la sorpresa ya son nociones incluidas en todos los casos que “implican la utilización de estratagemas que conducen a viciar el consentimiento”.
El movimiento feminista francés está dividido sobre esa noción, pues hay una parte que juzga que añadirlo puede, a la postre, perjudicar a la propia víctima.
La corriente feminista sí converge en que, para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencias sexuales, haya una ley integral con 130 medidas concretas que refuerzan los recursos económicos, la formación de magistrados y policías en esta materia y la creación de un Ministerio de Igualdad de pleno derecho.
(Con información de EFE)
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