
Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves al ex diputado y miembro del Partido Demócrata, Lam Cheuk Ting, por su participación en los disturbios ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2019, un movimiento que denunció la creciente injerencia de Beijing y la pérdida de libertades en la región administrativa especial. Este caso se suma a una serie de medidas represivas dirigidas contra el movimiento prodemocracia, que ha visto a cientos de activistas encarcelados o forzados al exilio.
El 21 de julio de 2019, en la estación de metro de Yuen Long, más de un centenar de hombres armados con palos atacaron violentamente a pasajeros y manifestantes prodemocracia. Este episodio, ampliamente documentado, desató indignación entre la población debido a la tardía intervención policial y a las acusaciones de complicidad entre las fuerzas de seguridad y los agresores, algunos de los cuales eran sospechosos de pertenecer a las tríadas, mafias locales con vínculos políticos.
Lam, quien acudió al lugar para auxiliar a los heridos, fue también atacado en el incidente. Sin embargo, el juez Stanley Chan consideró que su presencia en la estación no respondía únicamente a un propósito humanitario, sino que buscaba “sacar ventaja política” de los hechos, lo cual, según la corte, exacerbó los enfrentamientos. “Lam fue condenado mientras algunos de sus familiares rompieron en llanto al escuchar la sentencia.”
También fueron condenados otros seis hombres: Yu Ka-ho, Jason Chan, Yip Kam-sing, Kwong Ho-lam, Wan Chung-ming y Marco Yeung.

El caso de Lam es representativo de la escalada de represión que ha afectado a Hong Kong desde las protestas de 2019, las más significativas desde el retorno del territorio a soberanía china en 1997. “A partir de junio de 2020, la implementación de la ley de seguridad nacional, impulsada por Beijing, permitió a las autoridades perseguir a activistas y políticos prodemocracia con cargos relacionados con la ‘subversión’, el ‘terrorismo’ o la ‘conspiración con fuerzas extranjeras’.”
La ley ha tenido un impacto profundo en la política local, debilitando el principio de “Un país, dos sistemas”, que garantizaba libertades inexistentes en el resto de China hasta 2047. Más de 9.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas, según informes de organismos de derechos humanos, y una decena de figuras destacadas del movimiento han sido inhabilitadas para presentarse a elecciones del Consejo Legislativo (LegCo).

La sentencia contra Lam, de 47 años, marca un nuevo capítulo en la ofensiva del Gobierno local, respaldado por el régimen de Beijing, para silenciar a la oposición.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la persecución sistemática contra activistas y políticos, señalando que las autoridades han desmantelado la sociedad civil de Hong Kong al restringir la libertad de prensa, disolver sindicatos independientes y perseguir a opositores mediante procesos judiciales.
La sentencia se conocerá el 27 de febrero y la pena máxima será de siete años de cárcel.
(Con información de Europa Press, Reuters y EFE)
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