
Una red de contrabando de petróleo basada en Irak dio, en el último tiempo, ganancias de más de USD 1.000 millones anuales al régimen de Irán, que, de lo contrario, vería sus operaciones limitadas por las sanciones de la comunidad internacional.
La agencia de noticias Reuters publicó este martes un informe basado en datos de inteligencia e información provista por cinco fuentes cercanas a la trama, que aseguran que desde la llegada del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani al cargo, en 2022, el vínculo entre los países se volvió más estrecho, especialmente en materia económica.
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Las maniobras ilícitas tienen lugar desde hace años y se basan en una política gubernamental iraquí por medio de la cual las autoridades asignan petróleo a precios subvencionados a plantas de asfalto y que alcanza a una red de empresas, grupos e individuos tanto nacionales como iraníes y de los Estados del Golfo.
Los documentos expusieron que en el centro de todas estas operaciones está la Sociedad Estatal para la Industria Minera, que se encuentra bajo control del grupo chií iraquí Asaib Ahl al-Haq (AAH), una fuerza paramilitar y partido político que impulsó a Sudani al Gobierno. También se identificó a la formación terrorista Hezbollah como parte de estas transacciones.
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Estos actores cambian los números en las solicitudes enviadas al Gobierno asegurando necesitar más subvenciones de las reales para, así, conseguir más de este fueloil e, inclusive, en algunos casos operan en su totalidad como una fachada, lo que permite destinar el 100% de las asignaciones para la exportación.
Una vez que el Mando Nacional de Operaciones, bajo órdenes de Sudani, evalúa estos pedidos, la Compañía de Productos y Distribución de Petróleo realiza toda la gestión y los permisos para que los camiones con el producto puedan circular con la carga sin ningún tipo de problema. Luego, ya fuera de la fábrica, existen dos caminos para el petróleo.
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Una parte es exportada directamente desde los puertos al sur del país -especialmente los de Khor Al Zubair y Umm Qasr- con documentos falsos en los que se enmascaran como residuos de vacío o flancoat, que sí está permitido por la comunidad internacional. La parte restante es combinada con un combustible iraní similar pero presentada en su totalidad como iraquí, lo que permite al régimen persa inyectar su producción en el marcado mundial sin levantar sospechas.
Estas mezclas las realizan ingenieros iraquíes durante traslados de barco a barco y tienen como destino final Asia, en su mayoría, expusieron los informes de inteligencia.
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Por medio de estas maniobras, se estima que cada mes se desvían entre 500.000 y 750.000 toneladas métricas de petróleo, que se traducen a ganancias anuales de entre USD 1.000 y USD 3.000 millones para Teherán. De hecho, los registros de exportaciones de Irak mostraron que 2024 va camino a alcanzar un máximo histórico por encima de las 18 millones de toneladas de fueloil exportado, más del doble que en 2021.

Si bien Teherán hace años que influye militar, terrorista, económica y políticamente sobre Bagdad, en el último tiempo, el régimen comenzó más que nunca a ver a su vecino como un aliado en sus negocios ilícitos. Inclusive, funcionarios estadounidenses advirtieron que existen otras tramas de elusión de las sanciones que incluyen a los bancos iraquíes.
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No obstante, Washington se mantiene vigilante sobre estas operaciones y podría, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo enero, adoptar una línea más dura contra ambos países, que incluyan más prohibiciones, sanciones a nuevos individuos e intensos escrutinios.
“Aunque no comentamos discusiones específicas, podemos afirmar que el Departamento de Estado ha enfatizado con nuestros homólogos iraquíes los perjuicios del comercio ilícito y nuestro apoyo para llevar el petróleo de forma transparente al mercado”, adelantaron desde la Administración Biden sobre este asunto de contrabando, sin precisar de qué manera se ejercerá presión para hacer cumplir las disposiciones vigentes.
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Irak, por su parte, intentó hacerse un poco a un lado de esta trama ilícita, aunque sus esfuerzos acabaron frustrados por la fuerte presencia de milicias terroristas.

El predecesor de Sudani, Mustafa al-Kadhimi, ordenó antes de dejar el cargo una revisión de la capacidad operativa real de las plantas de asfalto, recortó sus asignaciones y elevó el precio del combustible subvencionado, llevándolo de los USD 70 a los USD 220 por tonelada, lo que reducía el margen de ganancia de las firmas ya que, cuanto más bajo es el precio del petróleo subvencionado, mayor es el beneficio al exportarlo.
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Sin embargo, en enero 2023, poco después de que llegar al cargo, Sudani ordenó reducir nuevamente el precio a entre USD 100 y USD 150 la tonelada, amplió la concesión de licencias para las plantas de asfalto e incluyó 37 nuevos proyectos, por lo que duplicó la industria local. Muchos de estos planes, denunciaron las fuentes a Reuters, eran ficticios en su totalidad.
(Con información de Reuters)
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