La Procuraduría pidió explicaciones a la Aerocivil por los retrasos en la modernización de equipos de navegación aérea

La infraestructura tecnológica que respalda la navegación aérea en Colombia volvió a quedar bajo la lupa de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones a la Aeronáutica Civil sobre el estado de varios equipos estratégicos y el avance de los proyectos destinados a modernizar estos sistemas.

La petición surgió durante una mesa técnica de seguimiento, en la que el Ministerio Público revisó información entregada por la Aerocivil relacionada con radares, estaciones ADS-B, radioayudas y otros dispositivos utilizados para la prestación de los servicios de navegación aérea. Tras analizar los reportes, la Procuraduría manifestó su preocupación por los retrasos en los procesos de modernización, mantenimiento y recuperación de la infraestructura tecnológica que soporta la operación aeronáutica del país.

Según la información evaluada por el ente de control, algunos equipos se encuentran fuera de servicio, otros presentan afectaciones y varios continúan en proceso de instalación, situación que motivó el requerimiento de explicaciones a la autoridad aeronáutica. Aunque la Aerocivil aseguró que la seguridad operacional no está comprometida y que actualmente existen sistemas redundantes y mecanismos de contingencia para garantizar la prestación del servicio, la Procuraduría pidió mayores precisiones sobre el panorama actual.

En particular, el organismo de control solicitó que la entidad explique cuáles son las causas de los retrasos registrados en estos proyectos, los tiempos previstos para recuperar la infraestructura afectada y las acciones que se implementarán para fortalecer los sistemas de navegación aérea. La revisión no se limitó únicamente a los equipos tecnológicos.

Durante la mesa técnica también se abordó la situación del personal encargado del control del tráfico aéreo, un aspecto que generó preocupación en diferentes sectores del transporte aéreo. Frente a este punto, la Procuraduría requirió información sobre las estrategias que adelanta la Aerocivil para fortalecer la planta de controladores aéreos y atender el déficit de personal especializado.

El Ministerio Público busca conocer las medidas previstas por la entidad para garantizar que el número de profesionales disponibles responda a las necesidades operativas del sistema aeronáutico nacional. Al cierre de la reunión, la Procuraduría reiteró que mantendrá el seguimiento preventivo a los compromisos asumidos por la Aerocivil y continuará verificando el avance de los proyectos considerados prioritarios para el funcionamiento de la navegación aérea.

Asimismo, instó a la entidad a acelerar la ejecución de las iniciativas relacionadas con la recuperación y modernización de la infraestructura tecnológica, con el propósito de fortalecer los sistemas que respaldan la aeronavegabilidad en Colombia y asegurar su adecuado funcionamiento.

Aerocivil autoriza contratación los fines de semana mientras enfrenta cuestionamientos

En medio de las investigaciones y denuncias por presuntas irregularidades en la contratación, la Aeronáutica Civil expidió una resolución que permite adelantar y firmar contratos estatales durante sábados, domingos y festivos. La medida fue adoptada mediante la Resolución 02006, firmada por el director encargado de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, pocos días antes de una inspección realizada por un equipo especial de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el documento, la decisión obedece a “razones especiales del servicio” y busca garantizar el cumplimiento de los cronogramas contractuales, teniendo en cuenta que los procesos se adelantan a través de la plataforma SECOP II, la cual opera de manera continua. La resolución habilita todas las etapas de contratación durante esos días, desde la elaboración de documentos precontractuales hasta la aprobación, firma y perfeccionamiento de los contratos. Además, establece como hábiles para efectos administrativos varias fechas comprendidas entre finales de junio y comienzos de agosto de 2026.

Estas denuncias motivaron al Ministerio de Transporte a solicitar una auditoría especial y llevaron a la Contraloría General de la República a realizar una inspección en las instalaciones de la entidad para verificar la legalidad de los procesos. En los últimos meses se denunciaron posibles presiones a funcionarios para aprobar trámites contractuales y la suscripción de más de 1.700 contratos.