El Parlamento israelí aprobó este jueves una ley que permitirá al gobierno de Benjamin Netanyahu deportar a familiares de personas condenadas por terrorismo a la Franja de Gaza o a otros destinos.
La medida, impulsada por el partido ultraderechista Otzma Yehudit encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue respaldada con 61 votos a favor y 41 en contra. Según sus promotores, esta iniciativa es una respuesta contundente a las amenazas terroristas y busca disuadir el apoyo familiar y social a acciones extremistas dentro del país.
Esta ley otorga al Ministerio del Interior la facultad de deportar a familiares en primer grado de terroristas condenados, siempre que se demuestre que conocían los planes del atentado y no lo denunciaron a la policía.
También incluye a quienes expresaron públicamente simpatía, aliento o elogios hacia los actos o las organizaciones terroristas, según explicó el diario The Times of Israel.
“Es una herramienta para enviar un mensaje claro contra el terrorismo”, afirmó Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y uno de los principales impulsores de la ley.
Este poder de deportación no solo se aplicará a los ciudadanos israelíes, sino también a residentes permanentes o temporales. Para los nacionales, la expulsión tendrá una duración de entre 7 y 15 años; mientras que para los residentes legales podrá durar entre 10 y 20 años. Aunque sean deportados, los ciudadanos israelíes conservarán su ciudadanía.
De acuerdo con la legislación, una vez identificado un familiar de un terrorista condenado como sujeto a deportación, el Ministerio del Interior dispondrá de 14 días para tomar una decisión tras una audiencia en la que el acusado podrá presentar su defensa.
Esta audiencia es una de las garantías incluidas para que el proceso cumpla con procedimientos de ley. En esta reunión, los acusados podrán mostrar evidencia para evitar la expulsión, aunque la última palabra la tendrá el ministro del Interior, quien firmará la orden de deportación si considera insuficientes las pruebas presentadas.
La ley ha generado división tanto en el Parlamento como en el propio gobierno israelí. Mientras que los partidarios de la ley sostienen que se trata de una respuesta proporcional a la violencia que amenaza a la ciudadanía israelí, sus detractores, incluidos funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General, han mostrado serias reservas.
Estos organismos han advertido que la medida podría generar conflictos legales y tensiones diplomáticas, especialmente en casos de deportación a la Franja de Gaza o a otros territorios bajo control palestino.
El debate se complica aún más debido a que la Franja de Gaza permanece bajo el control del grupo terrorista Hamas, lo que convierte la deportación de los familiares de los terroristas hacia esa zona en un tema particularmente delicado para algunos sectores. Sin embargo, el gobierno israelí sostiene que esta medida envía un mensaje claro y contundente: no se permitirá ninguna forma de apoyo o simpatía hacia el terrorismo dentro de sus fronteras.
El objetivo de esta legislación es reforzar la seguridad de Israel y disuadir el apoyo social o familiar hacia los atentados y las organizaciones terroristas. Las autoridades esperan que esta nueva ley actúe como un disuasivo efectivo y como una respuesta clara y rotunda a quienes promuevan o apoyen la violencia.
(Con información de Europa Press y AFP)
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