En Costa Rica, el uso de pesticidas prohibidos en la Unión Europea para la producción de bananas y piñas ha generado graves consecuencias tanto para la salud de las comunidades locales como para el medio ambiente.
La utilización de productos como el clorotalonil, el mancozeb y el clorpirifos, todos asociados con efectos potencialmente cancerígenos y neurotóxicos, afecta de manera considerable a los trabajadores agrícolas y la población cercana a las plantaciones, según informó The Guardian.
En el municipio de Matina, en la provincia de Limón, donde se localiza la plantación Limofrut del grupo Acón, Lidieth Gómez, madre soltera de tres hijos, es uno de los casos investigados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella y otros 450 participantes han reportado síntomas como ardor en los ojos, picazón, náuseas y mareos debido a las fumigaciones aéreas de cultivos con pesticidas.
Costa Rica, conocido por ser el tercer mayor exportador de bananas a nivel mundial y el principal productor de piñas, ha destinado más de 83,000 hectáreas a estos cultivos. Entre 2000 y 2015, el país incrementó en un 700% su producción de piñas, lo que condujo a la destrucción de más de 5,000 hectáreas de bosque y contribuyó a severos problemas de salud relacionados con pesticidas en las comunidades locales.
Recientemente, en la escuela primaria IDA La Victoria de Santa Rita de Río Cuarto, estudiantes y personal académico reportaron un fuerte olor químico que causó hiperventilación y desmayos, lo que llevó a la evacuación y hospitalización de 38 niños y profesores.
En una investigación posterior a este incidente se encontraron sustancias como la ametryn, el diazinon y el oxyfluorfen, también prohibidos en la UE, según The Guardian.
El uso de paraquat en la plantación de piñas de Agroindustrial Piñas del Bosque - Finca La Virgen, propiedad de la multinacional Dole, fue observado por los residentes locales, quienes documentaron la situación con fotos y videos.
Los plaguicidas empleados en este tipo de plantaciones no solo afectan a los trabajadores, sino también a las comunidades circundantes, causando enfermedades respiratorias y alergias.
“Siempre estamos expuestos al veneno mientras trabajamos. Escribí una queja a la empresa, pero fue inútil”, contó al diario británico Gérman Jiménez, de 51 años, que cobra 32 dólares al día por aplicar herbicida de entre las 4:30 y las 11:00 de la mañana.
Vive con sus cuatro hijos en la plantación, en una choza de madera y metal sin agua potable ni electricidad. Pero a pesar de este panorama, estos trabajadores aseguran que no quieren “que las multinacionales de la fruta dejen de comprar plátanos de Costa Rica”, afirma, pero añade: “Exigimos que se respeten los derechos humanos de los trabajadores”.
A pesar de las regulaciones internacionales como el Convenio de Rotterdam que controlan la exportación de sustancias peligrosas, los productos prohibidos en Europa siguen siendo producidos y exportados a países como Costa Rica. Desde 2019 hasta 2021, la UE prohibió varios pesticidas bajo el argumento de sus potenciales efectos cancerígenos y disruptivos endocrinos.
Frente a esta situación, el sindicato Sitrap ha demandado el respeto de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas. Sin embargo, las empresas multinacionales como Dole y Chiquita International han alegado que sus prácticas cumplen con las normativas de seguridad y calidad vigentes.
Alternativas
Mientras tanto, algunos agricultores costarricenses como Marina López de la comunidad Bribri, optan por métodos de cultivo orgánicos y sustentables, promoviendo la biodiversidad vegetal y rechazando el uso de agroquímicos.
“Aquí todo es ecológico. Nuestros antepasados nunca trabajaron con agroquímicos, y yo he optado por no hacerlo tampoco. Las bolsas azules de plástico llenas de pesticidas que se utilizan en las plantaciones intensivas acaban en los ríos, en el suelo y en nuestros alimentos. No creo que esto sea desarrollo. El verdadero desarrollo es proteger la biodiversidad”, dijo López.
Este cambio de paradigma hacia la agricultura orgánica rescata tradiciones ancestrales y respeta el equilibrio ambiental, evidenciando una alternativa viable frente a la producción intensiva que actualmente predomina en el sector.
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