Italia extraditó a un militar uruguayo requerido por el país sudamericano por la muerte bajo tortura de un joven izquierdista argentino en 1973 durante la dictadura, anunciaron este jueves las autoridades italianas.
Hermes Mario Tarigo Giordano, objeto de una orden de captura internacional por “homicidio muy especialmente agravado”, fue entregado el miércoles a la policía uruguaya en el aeropuerto de Roma, informaron en un comunicado los carabinieri italianos.
El militar en retiro estuvo prófugo de la justicia uruguaya desde 2011 y fue encontrado y arrestado en Capaccio Paestum, en la región de Salerno, cerca de Nápoles, en el sur, en circunstancias que no fueron precisadas.
Tarigo está acusado por la justicia de Uruguay de haber provocado la muerte de Gerardo Moisés Alter, nacido en la ciudad argentina de La Plata, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Argentina y luego en Uruguay del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN).
En agosto de 1973, dos meses después del golpe militar en Uruguay, Alter fue detenido junto a otros dos guerrilleros tupamaros y llevado al Batallón Florida, donde murió debido a las torturas cuando tenía 27 años.
Según asociaciones uruguayas por la memoria histórica que siguen la pista de miembros de la dictadura buscados por crímenes, Tarigo, era capitán durante la dictadura, pero se retiró como coronel. El militar tiene 82 años.
En 2011, el Parlamento de Uruguay aprobó una ley que declaró como imprescriptibles los crímenes cometidos bajo la dictadura (1973-1985).
En junio, Amnistía Internacional exigió “memoria, verdad, justicia y reparación integral ante los crímenes del pasado que permanecen impunes” a Uruguay.
“Amnistía Internacional exige que las autoridades adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos”, remarca el texto.
De acuerdo con esto, añade que “resulta preocupante” el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria, que fue ingresado al Parlamento y que se encuentra a estudio.
“Según diversas estimaciones, el beneficio alcanzaría a casi 200 personas, incluyendo más de 20 condenados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran cumpliendo sus penas en el centro penitenciario Domingo Arena. De ellos, un 80 % aproximadamente está recluido desde hace menos de dos años”, puntualiza el informe.
Y agrega -citando palabras de Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay- que, de aprobarse el mencionado proyecto, el país suramericano “estaría incumpliendo con sus compromisos internacionales, dado que no se ajusta plenamente a las Convenciones y Pactos Internacionales de derechos humanos de los que Uruguay es Estado parte”.
“Amnistía Internacional recuerda al Estado uruguayo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un Estado parte”, destaca.
Sobre el final, añade que es “fundamental” que el Estado establezca medidas “que den garantías de no repetición”, involucrando a la sociedad para que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no vuelvan a cometerse en el país.
(Con información de AFP y EFE)
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