La ONG Amnistía Internacional ha alertado sobre la “inminente” ejecución en Irán de tres presos que fueron detenidos el pasado mes de noviembre en Isfahán durante las protestas antigubernamentales por la muerte de la joven Mahsa Amini.
“En medio de la horrible ola de ejecuciones de decenas de personas por parte de las autoridades desde fines de abril de 2023, la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para detener la ejecución de estos manifestantes antes de que sea demasiado tarde”, ha informado la directora adjunta de AI para Oriente Próximo y el norte de África, Diana Eltahawy.
Así, ha explicado que el uso de la pena de muerte es un “acto de venganza” contra aquellos manifestantes que salieron a las calles para exigir derechos al pueblo iraní en los últimos siete meses. “Es una prueba más de que las autoridades están tomando medidas cada vez más violentas y extremas para atormentar y aterrorizar a la gente”, ha dicho.
Las autoridades han trasladado a las familias que no habrá más visitas para los tres presos, Majid Kazemi, Salé Mirashemi y Saeed Yaghubi, que han tenido que realizar confesiones autoculpatorias tras sufrir torturas y malos tratos.
En concreto, Majid Kazemi aseguró en una grabación que se vio obligado a confesar su culpabilidad tras ser golpeado, electrocutado y ser sometido a simulacros de ejecución. Los interrogadores, después de suspenderle boca abajo con cuerdas, le enseñaron videos de tortura contra su hermano y amenazaron además con matar a sus seres queridos, entre otras violaciones de los Derechos Humanos.
Los tres hombres fueron juzgados entre diciembre y enero, tras lo que fueron condenados a muerte por “enemistad hacia Dios” (’moharebeh) por presuntamente llevar armas encima durante las protestas. En mayo, el Tribunal Supremo iraní confirmó las sentencias pese a las irregularidades en el proceso, la falta de pruebas y las denuncias de tortura.
“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza o circunstancias del delito; culpabilidad, inocencia u otras características del individuo; o el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución”, ha zanjado.
Según un informe de Amnistía Internacional publicado el martes, en Irán, se documentaron 576 ejecuciones en el año 2022, lo que representó un aumento del 83% respecto de las 314 registradas durante el 2021. Esta cifra supera a la revelada hace unas semanas por Iran Human Rights (IHR) y Unidos Contra la Pena de Muerte (ECPM, por sus siglas en francés), que habían registrado un 75% más que en 2021.
Irán y Arabia Saudita son dos países que ejecutan habitualmente a personas tras juicios injustos. Un 93% se llevaron a cabo en la región de Oriente Medio y el Norte de África, y, de las 825 ejecuciones registradas allí, el 94% fueron en Irán (70%) y Arabia Saudita (24%).
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